Advierten que municipios no ejecutan presupuesto para fiscalizar zonas comerciales
La Defensoría del Pueblo pide a las comunas identificar espacios públicos para ferias temporales y así evitar aglomeraciones.
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La Defensoría del Pueblo alertó que las municipalidades limeñas no ejecutan presupuesto para fiscalizar emporios comerciales, para así recuperar áreas públicas ocupadas por ambulantes y así evitar la propagación de la COVID-19.
“Esta situación es previsible, es una situación que se repite año tras año. En un contexto normal, la llegada de estas fiestas siempre implica aglomeraciones adicionales a las ya existentes (...) Las municipalidades tienen el deber de fiscalizar, entre otros, el comercio ambulatorio, y a la par generar espacios públicos adecuados para que se pueda reubicar a estos comerciantes ambulantes”, comentó Jessica Rodríguez, comisionada de la oficina de Lima, en diálogo con RPP.
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En ese sentido, exhortó a las instituciones a elaborar y ejecutar un plan de trabajo, con cronograma de actividades, orientado a identificar espacios públicos para ferias temporales.
Las cifras de casos positivos siguen en aumento. Según el último reporte del mapa de calor de EsSalud, los centros comerciales se han convertido en los nuevos focos de contagio de la COVID-19, a pocos días de celebrar la Navidad.
Ejecución del presupuesto según distrito
La Defensoría del Pueblo verificó, a través del portal web del Ministerio de Economía, que la municipalidades de Lima, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y El Agustino han ejecutado menos del 32% del presupuesto asignado a esta tarea que busca combatir la concentración de personas. En tanto, las municipalidades de Chorrillos, Villa El Salvador, San Martin de Porres, Rímac, Independencia y Santa Anita han invertido entre el 30% y 40%.
Las comunas de Villa María del Triunfo, Comas y Los Olivos han ejecutado el 50% mientras que las autoridades locales de Ate y Puente Piedra llegaron a invertir el 67.5% y 61.6%, respectivamente, señala el oficio enviado a la PCM por el jefe de la oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo, Alberto Huerta.
Respecto a los municipios del Rímac y de La Victoria, informaron que ya no cuentan con presupuesto.
