Familias de pacientes COVID-19 mantienen deudas impagables con clínicas

Jorge Vidal pensó que su calvario había acabado cuando fue dado de alta, luego de padecer un cuadro de neumonía severa producto de la COVID-19. Se equivocó. Otro tormento estaba por empezar. Actualmente, la Clínica San Pablo, en donde estuvo internado 85 días, le exige el pago de S/ 470 mil por la atención durante todo ese tiempo.

Vidal fue el primer paciente con COVID-19 que se atendió en una clínica (San Pablo) y el segundo que requirió Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su ingreso se dio el 11 de marzo, días después de que se confirmara el primer caso en Perú. Tenía fiebre y malestar general, pero dos días después sufrió una descompensación y tuvo que ser entubado. La prueba de hisopado confirmó que era positivo a coronavirus.

El 15 de marzo, la clínica se comunicó con EsSalud (entidad a la que está asegurado el paciente) para informarle sobre la situación de Vidal, pero esta le indicó que “no contaban con respiradores, ni salas UCI para este tipo de virus”.

El 20 de abril, el exministro Víctor Zamora y el entonces presidente, Martín Vizcarra, promulgaron el Decreto Legislativo N° 1466 que permitió el fortalecimiento del intercambio prestacional entre entidades de salud públicos y privados para la atención de pacientes COVID-19.

Además, el 24 de junio, el Gobierno firmó un acuerdo con las clínicas enfocado en pacientes graves que requieren UCI, debido al colapso de los hospitales públicos. Este establecía un monto estándar de S/ 55 mil que las aseguradoras, tanto el SIS como EsSalud, pagarían a las primeras por la atención de sus asegurados. Se debe señalar que no todas las clínicas llegaron a firmar el contrato, pero entre las que sí aceptaron estaba justamente la San Pablo.

Durante su internamiento, y mientras se debatía entre la vida y la muerte, tanto la familia Vidal como la clínica enviaron solicitudes a EsSalud para que asuma el caso, en el marco de la aprobación de la norma de intercambio prestacional. No obtuvieron respuesta.

El 3 de junio, Jorge Vidal salió de alta tras 85 días de hospitalización. La cuenta total le arrojaba S/ 470 mil, de los cuales S/144 mil fueron cubiertos por su seguro particular, por lo tanto, su deuda restante ascendía a S/ 326 mil. Como no tenía para pagar la exorbitante suma, la clínica le hizo firmar un pagaré con el compromiso de depositar S/ 32 mil mensuales durante los próximos 10 meses, a partir de julio.

La familia Vidal volvió a comunicarse con EsSalud tras el alta, pero no obtenían respuesta. Es así que -nuevamente- acuden a los medios de comunicación (ya lo habían hecho durante la hospitalización) para exigir que revisen su caso y se cumpla con la norma de intercambio prestacional, aunque ahora le sumaban el pedido de cumplimiento del acuerdo firmado entre el Gobierno y las clínicas, es decir, reestructurar su deuda al pago estándar de S/ 55 mil y la devolución del monto que su familia había cancelado.

Es importante mencionar que a inicios de agosto, la clínica le informó al señor Vidal que su caso no cumplía los criterios establecidos en el intercambio prestacional, aunque también le hicieron saber que ya había sido derivado a EsSalud para evaluación. Además, recalcaron que la deuda seguía vigente.

Luego de varios reportajes en televisión, EsSalud emitió un comunicado, a mediados de agosto, confirmando que estaban revisando el caso del señor Vidal. Aunque la familia informó que no volvió a recibir mayor información de parte del Seguro Social. Asimismo, indicó que, a finales de agosto, una representante del Minsa se comunicó con él para señalarle que verían su caso, sin embargo, dos días después, volvió a llamar para comunicarle que este era improcedente, ya que la clínica no había enviado su informe médico a EsSalud.

Tras ese evento, el señor Vidal inició una serie de solicitudes contra la Clínica San Pablo para exigirle que envíe su informe a EsSalud. También ha vuelto a enviar una carta a dicha entidad, así como a la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) y a la Defensoría del Pueblo. Nadie le da información sobre su caso y la deuda sigue.

“Yo soy el paciente cero de las clínicas y no resuelven mi caso, imagínate cuándo resolverán el resto de los demás casos”, sentenció.

El llanto de una partida contenida por las deudas

La historia de la familia Minaya es de terror y desconsuelo. El señor Juan Minaya falleció el 30 de junio de 2020 en la Clínica Jesús del Norte, del Grupo San Pablo, a causa del nuevo coronavirus. Tras su muerte, sus familiares han exigido por meses a EsSalud que cumpla con la normativa de intercambio prestacional en casos de emergencia por la COVID-19 y que cubra los más de S/ 100 mil que le exige la clínica por la atención ofrecida.

A través de diversos medios de comunicación, Jacqueline Minaya, hija del fallecido, viene denunciando -desde julio pasado- todos los problemas que tuvo que pasar desde que su padre se puso mal: hospitales de EsSalud abarrotados y sin camas, una clínica que exigía pagos exorbitantes, mala atención y, ahora último, el desconocimiento de las autoridades ante su pedido para que el seguro social cubra la enorme cifra que mantiene como deuda.

Ya han pasado más de 4 meses desde que falleció Juan Minaya y la familia no encuentra respuesta por parte de las autoridades, pese a que en abril se aprobó la normativa del fortalecimiento del intercambio prestacional y, meses después, se llegó a un acuerdo con las clínicas para atender a pacientes COVID-19 que requieran UCI. Asimismo, en ese mismo mes, el entonces presidente Martín Vizcarra y el exministro de Salud, Víctor Zamora, señalaron que se iban a revisar los casos precedentes a este acuerdo, los cuales sumaban más de 500.

Jacqueline Minaya presentó un pedido formal a EsSalud el 15 de julio, contando el caso de su padre y dejando en claro que, debido a la emergencia y al no encontrar camas en los hospitales públicos, se vio forzada a acudir a la Clínica Jesús del Norte de los Olivos.

La respuesta de la entidad llegó el 29 de agosto, casi dos meses después. A través de su carta, le informaron que su solicitud no procedía, debido a que se habían firmado los contratos por el intercambio prestacional con las clínicas recién en julio y el fallecimiento de Juan Minaya ocurrió el 30 de junio.

El 23 de setiembre, Jacqueline Minaya apeló a la resolución de EsSalud, argumentando que el acuerdo entre el Gobierno y la Asociación de Clínicas Privadas se dio el 24 de junio, cuando su padre todavía está vivo y hospitalizado en la UCI de la Clínica Jesús del Norte.

“No existe fundamento para señalar que por temas de temporalidad no era aplicable el referido convenio, concurriendo en este caso concreto tanto la situación médica de caso grave por COVID-19, los plazos de suscripción del convenio, y que además la Clínica Jesús del Norte fue una de las partes suscribientes”, detalla la apelación de la familia Minaya.

Pero no ha sido lo único que han hecho. En medio del duelo, el 2 de julio, también decidieron presentar su denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud). Sin embargo, todavía no reciben mayor información sobre su caso. La familia señala que ambas entidades no se han vuelto a comunicar y ya van más de 4 meses desde que falleció su padre. Siguen sin encontrar consuelo.

Pocas respuestas

La República se comunicó con el Seguro Integral de Salud (SIS) y EsSalud para conocer en qué situación se encuentra la revisión de casos de los pacientes que padecieron gravemente el coronavirus antes de los acuerdos firmados con las clínicas, el 24 de junio.

Desde el Seguro Integral de Salud indicaron que los casos siguen en revisión, aunque no ofrecieron mayor detalle, ni tampoco aceptaron el pedido de entrevista para hablar del tema, argumentando que se dará a conocer toda la información cuando se tenga concluida la revisión. En tanto, desde EsSalud afirmaron que están validando los trámites de cada caso.

También nos comunicamos con SuSalud para conocer las cifras de denunciantes por este motivo, sin embargo, hasta al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.

El exministro Víctor Zamora señaló que la norma de intercambio prestacional, aprobada en abril de este año, carecía de un acuerdo económico para que pueda hacerse efectiva. Este recién se hizo a finales de junio.

Además, indicó que, durante su gestión, se había decidido crear una comisión entre EsSalud, SIS, Asociación de clínicas privadas y el MEF para evaluar los casos previos. Sin embargo aseguró que su salida del Minsa paralizó dichos procesos y, actualmente, desconoce cuál es el mecanismo aplicado por el Gobierno para solucionar el problema.

A inicios de octubre, la actual ministra de Salud, Pilar Mazzetti, señaló que el acuerdo de intercambio prestacional carecía de importancia, debido a la poca capacidad de las clínicas para atender a pacientes COVID-19.

“La capacidad de los establecimientos privados de proporcionar camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a los establecimientos públicos es pequeña (...). De las camas de UCI que tenemos (en los hospitales), en realidad las camas de UCI de los privados llegan a 200 y pico”, expresó en ese entonces.

SIS: 8 pacientes atendidos por convenio con clínicas

El SIS informó que hasta la fecha solo se han firmado 8 contratos formales con las clínicas para asegurados que necesitaron UCI en los meses críticos de pandemia, posterior al 24 de junio.

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