Jefe de Sunedu sobre investigación del Congreso: “Se pone en riesgo a todo el sistema de reforma universitaria”

Como el actual superintendente encargado de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el médico Oswaldo Zegarra Rojas responde acerca de los logros y cuestionamientos que pesan actualmente sobre la institución en un día en el que se cumplen seis años desde que se emprendió la ardua batalla de la reforma universitaria, a través de la Ley 30220.

La Ley Universitaria cumple seis años en un momento en el que el Congreso aprueba la investigación contra la Sunedu por el caso del licenciamiento de las filiales de la UTP y la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL). Llama la atención que quien presentó la iniciativa sea un congresista que pertenece al partido político del dueño de Telesup, universidad denegada.

Si bien hay congresistas que se identifican con la universidad Telesup y uno de ellos es quien promovió la comisión investigadora, son 101 parlamentarios que firmaron la conformación de esta, lo cual indica que hay un poder muy importante dentro del Congreso que es movido por personas que no buscan que las universidades del país tengan la calidad correspondiente para seguir impartiendo educación superior. Ellos lograron influir en más de 100 parlamentarios.

La finalidad no solo es cuestionar el licenciamiento de las filiales de universidades como la UTP y la UPAL, sino a través de ello cuestionar todo el accionar, la transparencia, la rigurosidad con la que ha venido actuando la Sunedu en cuanto al proceso de licenciamiento.

Ese es el punto más importante. Hay que considerar que la Sunedu es el primer peldaño de la reforma universitaria y del aseguramiento de la calidad educativa superior. Al cuestionarla ponen en riesgo a todo el sistema de reforma universitaria.

El argumento del Congreso es cuestionar el porqué se licenció a universidades sin alumnos matriculados, pero en total siete universidades obtuvieron el licenciamiento en las mismas condiciones. La mayoría son nacionales.

Lo que pasa es que no quieren... o los desinformaron o no quieren entender que hay dos tipos de modalidad de licenciamiento. Una, de universidades que están funcionando plenamente, se les evalúa en cumplimiento de 8 condiciones básicas de calidad (CBC) y más indicadores.

Dos, el caso de instituciones nuevas, que antes de tener alumnos tienen que demostrar que cumplen estas condiciones para asegurar sus dos primeros años de funcionamiento. Hemos verificado ello.

En ese lapso tienen que presentar un proyecto de desarrollo más amplio de infraestructura, docentes, laboratorios, etc., para los cinco años que usualmente dura una carrera. El Congreso no lo quiere entender.

No se les puede exigir desde que empiecen tengan los cinco años cubiertos. No van a contratar un profesor para el quinto año cuando recién está comenzando la universidad o equipar un laboratorio, que después de varios años ya puede estar obsoleto..

Hay una desinformación al respecto diciendo que nosotros estamos favoreciendo a estas universidades, pero no solamente son estas dos que tanto anuncian, son siete universidades. Cinco más que son nacionales que se licenciaron sin tener toda la infraestructura, garantizando los dos primeros años, porque en este tiempo empiezan a desarrollar todos los requisitos para los siguientes años de la carrera.

Entonces ¿considera que esta desinformación, que puede ser adrede, busca cuestionar a la reforma universitaria que logró denegar 47 universidades, de las cuales 46 eran privadas, lo cual también es un síntoma de lo que era nuestro sistema educativo superior, antes de la Ley?

Definitivamente, las denegadas son universidades cuyo objetivo fundamental no fue la calidad de la educación superior sino tenían un fin de lucro. Cuando estas pasaron por el proceso de licenciamiento no cumplían con todos las CBC, los indicadores y los requisitos que garanticen la formación de calidad de estos estudiantes.

Acerca de las universidades sin licenciamiento y las universidades “ilegales”, qué pasará con los alumnos. ¿De qué forma Sunedu vela por la continuidad de su educación?

Primero están estas falsas universidades que fueron detectadas que estaban funcionando sin autorización, sin las condiciones necesarias. Fueron 13 las que fueron clausuradas y multadas. Ahí había un grupo importante de estudiantes que estaban en la completa informalidad y en la ilegalidad del proceso educativo.

En el caso de los alumnos de universidades sin licenciamiento, en el proceso de cese de la universidad denegada, ellos tienen la obligación de mantener su actividad académica, por lo menos dos años, eso le da tiempo de culminar sus estudios a los alumnos que están en los últimos años de carrera.

Un 52% de todos los alumnos que continúan estudiando en la universidad de origen hasta que se regularice. No es que los 225.000 alumnos estén en la calle.

Hay un porcentaje importante de 25000 alumnos aproximadamente que ya se trasladaron. Otro grupo ya terminó su carrera, son alrededor de 25.000.

No existen ingresos en estas universidades a partir de la denegatoria y los alumnos de los primeros años son los más afectados. Estas universidades denegadas tienen la obligación de facilitar que estos estudiantes se trasladen a otras instituciones, incluso deben establecer convenios con otras que sí están licenciadas.

Hay un grupo que aún no termina sus estudios y la Sunedu está realizando el seguimiento para ver qué pasa con ellos. Al grupo de alumnos que está buscando traslado, el Ministerio de Educación le está dando la Beca Traslado, además se está apoyando a las universidades nacionales que reciban a estos alumnos de universidades denegadas.

Antes de la Ley Universitaria, vivimos un periodo en el que podíamos encontrar universidades en cualquier esquina, sin exagerar.

Este proceso de licenciamiento, de sinceramiento y de ordenamiento del sistema educativo superior ha conllevado a que 3.000 carreras o programas hayan tenido que desistir, tanto de universidades licenciadas y no licenciadas. También cerraron 115 locales que no cubrían las condiciones para impartir clases y además 75 filiales cerraron en todo el país. Además de las 47 universidades con licenciamiento denegado.

Gracias al ordenamiento del sistema universitario tenemos 1 millón 300 mil alumnos que en este momento, y en el futuro próximo van a acceder a universidades que cumplen los requisitos. Se les protegió. Es uno de los logros mas importantes del proceso de licenciamiento de universidades del país hecho por la Sunedu. Hay que entender el tamaño de la reforma educativa.

¿En cuanto a la investigación que el Congreso prepara cómo responderá la Sunedu a este proceso?

Les daremos toda la información que ellos soliciten. Tenemos totalmente documentados todo el proceso de licenciamiento de estas dos universidades. La UTP tiene como 60.000 folios y la UPAL tiene 12.000 folios, está a disposición de la comisión investigadora, que lo evalúe, que lo estudie. Ojalá lo hagan dentro de una objetividad, no lo hagan por conveniencia, buscando pretextos que puedan señalar que la institución no ha cumplido.

Además, esta semana la Contraloría ya investiga estas denuncias. Tienen todas las facilidades para hacerlo y ya están haciéndolo. No es que tengamos algún temor o generemos obstrucción.

Anteriormente mencionó que esta investigación es un intento de "petardear la reforma universitaria", además que para que un gran grupo de congresistas vote a favor, hay intereses de por medio ¿podría explicarlo?

Es obvio que quienes encabezaron y que han estado conformando la Comisión de Educación son personas que están ligadas a universidades denegadas, no solamente de la Telesup, sino de otras como Alas Peruanas, Garcilaso de la Vega, Néstor Cáceres, que son universidades que tienen un buen grupo de congresistas ya sea como dueños, fueron rectores o profesores. Un grupo importante fueron alumnos.

Buscan crear un ambiente de ilegitimidad, a través del cuestionamiento del licenciamiento de estas dos universidades y por lo tanto al exsuperintendente Martín Benavides, que es un honorable profesional.

Además, olvidan que las decisiones no son personales, las toma un consejo directivo, elegido por concurso.

¿Quiénes conformaban este consejo cuando se tomó esta decisión que ahora cuestiona el Congreso?

El consejo directivo en ese momento estaba presidido por el actual ministro de Educación Martín Benavides. También lo conformaban profesionales,académicos, e investigadores. Tenemos al Doctor Waldo Mendoza, que ha sido economista de la PUCP, al Doctor Victor Peña, exvicerrector de investigación de la UNMSM. También Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro,el dr Hugo Rosales, etc.

Además, estaba la presidenta del Concytec, que por normativa integra el consejo directivo, así como estuvo Gisela Orjeda anteriormente, ahora está la doctora Fabiola Leon Velarde.

Todas son personalidades que no se van a prestar a ningún tipo de manipulación, a recibir influencias y es algo que el Congreso también trata de desprestigiar.

La Sunedu es una institución que se ha regido por su transparencia. Invocar que esta mala información no sea la que perdura y como en anteriores oportunidades los docentes, profesores y universitarios salgan a defender a esta institución. Espero que lo hagan para continuar con la reforma de la educación superior y pido que tengan la confianza de que lo que hace la Sunedu es lo más ligado al aspecto técnico y no político.