Las canastas y los bonos no llegaron a los más pobres en Cusco
Razones. El deficiente sistema de focalización de familias vulnerables y el aprovechamiento de funcionarios del Estado impidieron que las canastas de víveres y hasta los bonos lleguen a los más necesitados.Por eso hay banderas del hambre.
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José Víctor Salcedo
Cusco
El hambre agobia a las familias pobres del Cusco. La ayuda del Estado no llegó en muchos lugares a los que realmente lo necesitan. Martina Gómez Chumpi, vecina de la Asociación Villa Sol Naciente, no recibió ningún bono del Estado ni la canasta de víveres que debían entregar las municipalidades. Ahora se alimenta de las ollas comunes que prepara junto a sus vecinos.
La priorización de los beneficiarios de las canastas básicas fue deficiente igual que la selección de los que debían recibir los bonos que entregó el Ejecutivo nacional.
Los 112 gobiernos locales del Cusco recibieron en conjunto casi S/ 13 millones para proveer de alimentos a las familias más vulnerables. La entrega se hizo con demora y hubo muchas irregularidades que impidieron que llegue a los más necesitados.
A inicios de semana, la Contraloría reveló que a nivel nacional 4212 funcionarios y servidores públicos recibieron los alimentos destinados a los pobres. En Cusco, 239 funcionarios y servidores públicos se beneficiaron en forma irregular con la canasta básica familiar de alimentos.
De los 239 funcionarios, 32 reciben sueldos entre los S/ 3000 y S/ 5000, y uno gana más de S/ 5000. En tanto, 206 beneficiados con la canasta cobran un sueldo entre S/ 1200 y S/ 3000.
¿Por qué ocurrió esto? Según la Contraloría, varios factores impidieron que la ayuda llegue a los pobres. Entre ellos los deficientes padrones, oficinas desactualizadas y mala sistematización del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Este sistema debería servir para ayudar a identificar personas o grupos poblacionales en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión. No obstante, “estos sistemas no están funcionando bien” advierte el exconsejero regional Alaín Alanoca.
A esto se suma, según el exprocurador anticorrupción, Henry Delgado Urrutia, “que la conducta ética de los funcionarios del Estado, en sus tres niveles (nacional, regional y municipal), contraviene los principios ético-públicos y hay aprovechamiento de su cargo para beneficio propio”.
Contraloría detectó durante esta emergencia varios vicios en la distribución de canastas básicas familiares en Cusco. Cuando los auditores revisaron las listas de beneficiarios identificaron personas inscritos en programas sociales, el bono “Yo me quedo en casa” pensionistas, dueños de empresas, personas que estaban en planilla, “fantasmas”, etc.
Delgado Urrutia atribuye estos hechos a la falta de transparencia, supervisión y un control concurrente adecuado por parte del Estado. “Se pudo prever estas conductas contrarias a la ética pública y que por el contrario más bien han materializado transgresiones administrativas de naturaleza penal que se encuentra dentro del ámbito de los delitos de corrupción de funcionarios”, anota el exprocurador.
“Los gobiernos locales también están en la obligación de contar con un registro de las actividades de micro y mediano emprendimiento que se desarrollan en cada una de sus localidades. Si lo hubieran hecho habría ayudado a identificar cuáles de estos emprendimientos eran y son bastante sensibles. Eso nos muestra que en general el Estado no está funcionando bien”, agrega Alanoca.
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Algunos casos
Contraloría detectó, por ejemplo, la municipalidad de Santiago adquirió 2 603 canastas sin contar con la lista final de beneficiarios. El organismo detectó que los beneficiarios eran 2 162 vulnerables, por lo que 441 canastas tuvieron destino desconocido. Asimismo, detectó que algunos números de DNI no son válidos y había personas del padrón que no existen en Reniec.
Mientras que la Municipalidad Provincial de Cusco entregó canastas básicas a personas consideradas en el subsidio monetario bono S/ 380 de “Yo me quedo en casa”
De igual forma, la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas (Quispicanchi) consignó como beneficiarios a 33 personas que recibían programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y otros tenían ingresos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Lo mismo se encontró en la Municipalidad Distrital de Ccorca (Cusco).
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