Alcalde de SMP tras allanamiento por denuncias de corrupción: “No era necesario el ‘showcito'"
El alcalde Julio Chávez se pronunció por presuntas irregularidades en compra de víveres para repartir a familias pobres de SMP.
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El alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, calificó de una pérdida de presupuesto a la diligencia realizada por agentes de la Diviac y Fiscalía Anticorrupción en sede municipal tras denuncias por irregularidades en la adquisición y distribución de víveres para las canastas familiares durante el estado de emergencia.
“La Fiscalía ha tenido anteriores intervenciones en la Municipalidad para levantar información y la hemos enviado (...) Si la Fiscalía nos hubiese solicitado toda la información que ha venido a verificar in situ, la hubiésemos tenido la disposición de facilitarla. No era necesario hacerse presente con un contingente policial, armando un “showcito”, que es innecesario y solo hace justificar el presupuesto del MP y la Diviac”, sostuvo el burgomaestre.
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Chávez aseguró que se han dado las facilidades a la Fiscalía y a la Contraloría para la supervisión del proceso de compra. Sin embargo, existen cuestionamientos al presunto favorecimiento a la empresa NISSA SAC, encargada de proveer los alimentos para las canastas, cuyo gerente, Moisés Alfaro fue sentenciado en primera instancia por el delito de colusión por el PJ del Callao.
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"La empresa NISSA no tiene ninguna sanción de inhabilitación que le impida contratar con el Estado. Hay una sentencia en primera instancia. Debe ser OSCE y no la municipalidad el que determine", indicó Chávez Chiong.
La autoridad edil refirió que la comuna recibió 1 millón de soles para las canastas por la emergencia nacional por coronavirus, que según la PCM, debían tener un valor de 80 soles cada una. No obstante, la municipalidad las compró en un precio de 69.50 soles.
"Lo que se hizo fue comprar 14.295 canastas en lugar de 12.500, las cuales eran insuficientes para la población en situación de pobreza y pobreza extrema. Hemos cumplido con entregarlas y la relación de las personas beneficiadas es información pública que la maneja la Contraloría y Fiscalía”, concluyó.
