400 investigaciones por delitos medio ambientales en MP

Lambayeque. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental tiene más de 400 investigaciones en curso registradas hasta diciembre de 2019, las que involucran a los alcaldes de las municipalidades de Chiclayo, José Leonardo Ortiz (JLO), Reque y La Victoria. El fiscal Jaime Gonzáles Morales señaló que la carga procesal sigue aumentando por los delitos de contaminación ambiental, tala indiscriminada, entre otros.

El representante del Ministerio Público (MP) precisó que el trabajo de la Fiscalía Ambiental inició en el 2017, por lo que cuenta con el apoyo de la Policía Nacional para realizar las diferentes diligencias.

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Cuando se le consultó si existen investigaciones por la reserva ecológica de Chaparrí respondió que existen cuatro casos que se investigan, incluso mencionó que hay cinco personas acusadas por el delito contra los recursos naturales.

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“Por ser Chaparrí una zona de conservación privada —lo que constituye un agravante—, la condena puede ser hasta de ocho años”, indicó y remarcó que sí hubo un atentado en dicho lugar.

Gonzales precisó que las amenazas de muerte que reciben los defensores de Chaparrí suelen presentarse. “Quienes defendemos nuestro patrimonio estamos sujetos a amenazas”, expresó.

Aunque evitó pronunciarse si autoridades regionales y empresarios están inmersos en los procesos de investigación. Añadió que no existen acciones legales por el caso del Santuario Bosque de Pómac.

Cuatro municipalidades

Respecto a la atención de los municipios de Chiclayo Metrópoli remarcó que se desarrollan investigaciones contra los representantes legales de las comunas, que son los burgomaestres.

“El trabajo de residuos sólidos es arduo que no solo está relacionado con el trabajo funcional, sino que comprende la gestión ante el Gobierno Central para buscar mecanismos y dar solución a este tipo de situaciones”, enfatizó.

Gonzales enfatizó que las investigaciones contra los burgomaestres son por el presunto delito de contaminación ambiental.

Asimismo afirmó que se realizan diligencias por el caso del botadero de Reque. “La autoridad tiene la obligación de mitigar el problema, pero el delito no se borra”, advirtió.