Encerrados y olvidados: la salud mental en las cárceles del Perú

La rígida posición de sus manos sobre las rodillas parece indicar que “Álex” no responderá muchas preguntas, pero de pronto comienza a contar los episodios de su vida. “Me detectaron esquizofrenia hace 20 años y durante un tiempo recibí tratamiento en el hospital Larco Herrera”, relata mientras aguarda en uno de los consultorios del centro psiquiátrico del penal de Lurigancho, donde vive desde hace ocho años.

Con la cabeza hacia abajo, pero con la mirada directa a los ojos de quien lo oye, "Álex" prosigue su relato y explica que vive en ese espacio luego de que un juez lo declaró inimputable, es decir, con ausencia de responsabilidad en el homicidio que cometió, y por el cual le dieron 15 años de internamiento como medida de seguridad.

Para Carlos Fernández, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, que un inimputable vaya a un penal “va contra todo un sistema de protección de derechos”, pues las áreas de salud de los penales no cuentan con las medidas necesarias para la atención. Sin embargo, así como “Álex” hay otros 70 internos declarados inimputables viviendo dentro de los 69 penales del país, en vez de un hospital psiquiátrico.

El número de casos puede ser mayor, pero el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no tiene un registro actualizado, según lo reconoce César Cárdenas, jefe de la institución.

No hay espacio

El único penal del país que cuenta con un centro psiquiátrico en sus instalaciones es Lurigancho. Un pasadizo oscuro, con tres consultorios a cada lado, es lo primero con lo que uno se topa al ingresar. El final de este corredor marca el inicio de la zona donde se encuentran hospitalizados 49 inimputables. El lugar no es exclusivo para ellos, sino también para enfermos con VIH y tuberculosis, quienes están ubicados en los dos últimos niveles de la clínica.

En otros penales del país la situación es más crítica, pues los inimputables conviven con los demás reos.

El consultorio desde donde “Álex” está contando su historia es también el lugar en el que suele conversar con el psiquiatra Andrey Sindeev, quien hasta hace unos meses era el único que atendía en todas las cárceles del Perú. Hoy son dos médicos. Además de estos especialistas, el sistema de salud penitenciario cuenta con 207 psicólogos. “Nosotros no tenemos personal especializado porque esos casos debería verlos el Ministerio de Salud (Minsa). Solo tenemos atenciones de contención primaria”, dice el jefe del INPE.

En estos casi ocho años, "Álex" ha recibido tratamiento para esquizofrenia del doctor Sindeev, por lo que ya ha sido dado de alta médica. Es decir, él debería continuar su medida de seguridad en algún hospital psiquiátrico, pero los únicos tres que existen a nivel nacional están colapsados. La Defensoría del Pueblo tiene un registro, hasta setiembre de 2018, de 89 personas declaradas inimputables que no viven en penales, sino que permanecen en hospitales psiquiátricos u otros nosocomios generales (ver infografía), pero, en muchos casos, estas medidas de seguridad son indefinidas, lo que significa que deberán permanecer allí de por vida, lo cual no deja espacio para nuevos ingresos.

“Hay un paciente en provincia que está más de 20 años hospitalizado porque así lo dijo el juez. Él ya está bien, pero su vida está anulada porque tiene que vivir en una cama”, cuenta Yuri Cutipé, director ejecutivo de Salud Mental del Minsa, sector que este año abrirá ocho unidades de hospitalización, cada una con 10 camas, en diversos nosocomios. “Si las personas con una enfermedad mental son tempranamente atendidas y tienen acceso a servicios, no tienen por qué cometer el delito”, explica el psiquiatra del INPE.

“Son locos, no reclaman”

Aun si hubiera lugares donde permanecer, "no existe evidencia científica de que el encierro los va a curar", dice Sindeev. "Puede ser perjudicial que alguien se quede a vivir en una cama de un hospital. También se necesita el apoyo de la familia para que puedan continuar un tratamiento ambulatorio", agrega Yuri Cutipé.

"Álex" cuenta que tiene una esposa y un hijo de nueve años que pueden velar por él, pero le han negado la posibilidad de continuar su medida de seguridad en su casa. Es más, hace un año que no ve a su pequeño porque no le permiten visitas. "Nos dicen 'son locos, no reclaman', y nos golpean, no nos dejan realizar talleres, no podemos sembrar en el jardín", cuenta, y, con sus manos fijas sobre sus rodillas, agrega que "muchos ya han muerto". Lo dice convencido de que es verdad.

Han pasado casi 10 años desde que el Tribunal Constitucional (TC) constató la violación generalizada de derechos que afectan a las personas con trastornos mentales en el país, entre ellos los inimputables. Pese a su fallo a favor de los internos, el avance es poco o nulo. “Es que es más fácil abandonarlos que recuperarlos”, dice Sindeev.

Presupuesto

- Alerta. La Defensoría detectó que 11 de 18 hospitales que reciben presupuesto para trastornos mentales judicializados no atienden a ninguna persona con medida de internamiento.

- Poco. El Estado destina el 0,1% de su presupuesto a la salud mental.

Las acciones del Estado y lo que falta hacer

- En el 2015, la Comisión de Salud del Congreso aprobó un predictamen de Ley de Salud Mental, el cual propone que el director de un penal informe al juzgado competente la necesidad de modificar la medida de internamiento por una medida ambulatoria cuando el paciente sea dado de alta. Y si es que no existe el apoyo de la familia, la persona puede ir a un hogar protegido. Pero nada de eso se viene cumpliendo. Tampoco se ha establecido una Comisión Multisectorial, pese al fallo del TC.

- La Defensoría considera que los jueces deben revisar informes remitidos por los médicos de los establecimientos de salud para no dictar medidas de seguridad de internamiento indefinidas.