Cusco: Juez ordena al Estado atender a pobladores con metales pesados
Fallo. Otorgó 90 días para que elaboren estrategia de atención. Demanda se hizo en base a estudio que concluyó contaminación.
La República en GoogleJosé Víctor Salcedo
El titular del Juzgado Mixto de Espinar (Cusco), Edwin Cruz Domínguez, concedió al Ministerio de Salud (Minsa) un plazo de 90 días para que diseñe e implemente una estrategia de salud pública de emergencia para atender a la población de esa provincia cusqueña.
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El fallo hace justicia a las demandas de las comunidades afectadas por la presencia de metales tóxicos en sus organismos. Los demandantes esperaron cinco años. El magistrado reconoce la violación de los derechos de los campesinos de Espinar a la vida, la salud y la integridad física como resultado de la contaminación del agua y los suelos.
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En enero de 2013, el Minsa encargó al Laboratorio Ambiental de los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos un proceso de despistaje para determinar si habitantes de algunas comunidades tenían metales tóxicos en sus organismos.
Los resultados fueron contundentes: en las muestras de sangre detectaron -en distintas cantidades- cadmio, arsénico, plomo, talio, manganeso y mercurio. También antimonio, bario, berilio, cobalto, cesio, estaño, estroncio, molibdeno, platino, uranio y tungsteno. Las muestras de sangre se tomaron a 38 menores de 18 años, 74 adultos y 68 ancianos de las comunidades de Alto Huancané y Huisa. Eso sí, no determinaron la fuente de la contaminación.
El juez dicta al Estado diseñar una estrategia acompañada de un plan con programas de vigilancia epidemiológica y sanitaria, así como el monitoreo de la salubridad del agua. Asimismo, exige prestar atención médica pertinente a la población de Espinar, con especial atención a niños, madres gestantes y adultos mayores. Todo eso “a efectos de identificar a las personas que pudieran haber sido afectadas por las consecuencias de la contaminación por metales pesados y brindarles atención médica pertinente”.
Los demandantes del proceso fueron la comunidad campesina de Huisa, Asociación para la Defensa de Paccpacco, Comité de Usuarios de Agua Qquetara, Frente de Defensa de Regantes de la Microcuenca Ccañipía y Federación Unificada de Campesinos de Espinar, con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal, Derechos Humanos Sin Fronteras y CooperAcción.
Las demandadas: Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, OEFA, Digesa, entre otras entidades estatales, porque no declararon la emergencia ambiental en la zona ni adoptaron medidas, pese a la existencia de estudios concluyentes.
Al cumplirse el plazo, el Minsa debe entregar al juez un informe “sobre el avance de la ejecución de la estrategia de salud pública de emergencia sanitaria".
