Un total de 38 comunidades soportan paso de camiones mineros
Realidad. En la mayoría de poblados hay malestar por los efectos que ocasiona el paso de casi 400 vehículos encapsulados diarios. Eso eleva la posibilidad de que haya más protestas.
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Por: José Víctor Salcedo
La procesión de camiones encapsulados, retirando 34 toneladas de minerales cada uno de Las Bambas hacia el puerto de Matarani, en Arequipa, genera rechazo en los campesinos que viven en los dos flancos del Corredor Minero del Sur.
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La red vial atraviesa 14 distritos de cinco provincias de Apurímac, Cusco y Arequipa. No se sabe con exactitud por cuántas comunidades atraviesa la carretera. Algunos afirman que son alrededor de 217 donde habitarían unos 55 mil campesinos, mayoritariamente quechuahablantes.
Más allá de las cantidades, existe contaminación en todo el corredor a causa del paso de los camiones encapsulados de las empresas mineras MMG Las Bambas, Hudbay Perú y Glencore Antapaccay. Cientos de campesinos tragan cada día polvo en varios tramos por el paso de los vehículos pesados.
En otras zonas, las vibraciones ocasionadas por la procesión de vehículos provocan rajaduras en las casas de adobe y contaminación sonora. Esto último ocurre en Chumbivilcas, según una reciente evaluación realizada por el Organismo Especializado en Fiscalización Ambiental (OEFA). No hay estudios similares en las otras provincias.
Corredor de conflictos
El malestar contra el tránsito de los camiones mineros está casi generalizado en todo el trayecto del corredor minero de casi 500 kilómetros. Por esos días, comuneros de Ccapacmarca, Velille y Colquemarca, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), protestan con el bloqueo de la carretera. Piden que los camiones dejen de circular. Empezó en dos comunidades y ahora ya son más de diez.
El reclamo podría seguir expandiéndose si el Ejecutivo nacional no presta atención al problema. El gobernador Jean Paul Benavente alertó que siempre hay riesgo de que haya más reclamos en el corredor, como una suerte de contagio.
Su mirada no está alejada de la realidad. En todo el corredor, desde Apurímac hasta Arequipa, hay 38 comunidades que soportan los efectos del paso de camiones. La información proviene de la base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura y los resultados del I Censo de Comunidades Campesinas 2017 del INEI.
En todas hay molestia y en cualquier momento podría devenir en protestas. La mayoría están situadas en territorios de Cusco y Apurímac. En la región Chanka hay doce comunidades distribuidas en los distritos de Challhuahuacho, Mara y Antabamba de la provincia de Cotabambas.
En setiembre pasado, en Mara hubo enfrentamientos con la policía por el bloqueo del corredor vial. Las comunidades de Pitic y Miraflores piden el pago de derechos de servidumbre por el uso de sus tierras y la compra de algunas zonas. Plantean un justiprecio de US$ 100 y US$ 200 por metro cuadrado (m²) de terreno. Por ahora, las cosas están tranquilas.
Riesgos en Cusco
En Cusco, hay más de 20 comunidades por donde atraviesa el siempre conflictivo Corredor Minero del Sur. Desde el 22 de setiembre pasado, el paso de vehículos mineros está suspendido a causa del bloqueo de las vías en la provincia de Chumbivilcas.
Campesinos de varias comunidades demandan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que desclasifique dos tramos del corredor de categoría nacional a departamental o vecinal para que así esté prohibido el uso de esos recorridos por la minera MMG Las Bambas. La huelga lleva 23 días y no hay visos de solución a la demanda.
El riesgo de que el conflicto se expanda es latente. Hay malestar en las comunidades Anansaya, Ccollana, Huarca, Huisa Ccollana, Huancané, Tintaya Marquiri, entre otras, de la provincia de Espinar. Esas son zonas de influencia directa.
Según un informe de CooperAcción, “gran parte de los conflictos entre la empresa minera y las poblaciones locales están asociados al transporte minero”. “Lo que ha quedado demostrado es que las fallas y vacíos del sistema de gestión ambiental... frente a los impactos de dicha actividad, las poblaciones perciben desprotección y trato injusto de parte del Estado”, precisa.
El Estado haría bien en escuchar y atender los reclamos de los miles de campesinos para evitar que el corredor minero se vuelva en un polvorín.v
Conflictos ponen en riesgo megaproyectos mineros de regiones del sur
El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima informó que los conflictos sociales pondrían en riesgo a 38 de los 126 megaproyectos en total, cuya inversión está estimada en US$ 38 374 millones. El análisis se realizó con base en el documento Cartera de Proyectos de Inversión 2019-2024 del Iedep.
En las regiones del sur, hay varios proyectos en riesgo por conflictos sociales. Según esa entidad, en Arequipa, hay cuatro iniciativas por US$ 2 113 millones; mientras que Apurímac posee tres proyectos por US$ 4 314 millones, Cusco dos por US$ 21 millones, Moquegua uno por US$ 3 985 millones y, finalmente, Puno con uno que asciende a US$ 800 millones.
César peñaranda, director ejecutivo de esa entidad, indicó que el Estado debe tener un rol protagónico como mediador y establecer mecanismos de diálogo entre comunidades y empresas a fin de alcanzar consensos.
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