Conflicto Tía María polariza Arequipa
División. Este clima de enfrentamiento se manifestó el viernes pasado, cuando uno de estos colectivos hizo una vigilia por la paz. Opositores a Tía María los acusaron de venderse a la minera.
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Edwar Quispe
La demora del Gobierno para buscar una salida al conflicto minero por Tía María está pasando varias facturas. Una de ellas es la polarización de la sociedad arequipeña, que se debate entre el rechazo o el apoyo al proyecto de Southern Perú.
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También hay otros colectivos que proclaman la paz. Salen a las calles y organizan vigilias y marchas pacíficas. Así muestran su rechazo a las acciones violentas de los gremios que rechazan Tía María en la provincia de Islay.
Para el sociólogo Alipio Montes Urday, las protestas de este tipo son inéditas en la región. Estos grupos siempre habrían existido, pero nunca hicieron notar su activismo en las calles o pagando espacios en medios de comunicación para dar su punto de vista.
Las convocatorias para sus movilizaciones aún son pequeñas comparadas a las de los antimineros, pero ya se empiezan a sentir.
El analista no cree que sean financiados por algún grupo económico. Estas versiones serían mitos, al igual que los dichos sobre las protestas del valle de Tambo en la provincia de Islay, atribuidas a las ONG ambientalistas.
“No creo que estén pagados. Todo tiene un límite, Tía María tiene más de 10 años y eso cansa a ciertos grupos. El Gobierno no debería aplazar más sus respuestas para acabar el conflicto”, explicó.
El historiador y analista Jorge Bedregal La Vera coincide con Montes sobre la presencia de grupos a favor y en contra de la minería.
Recordó el caso del Arequipazo, donde había ciudadanos que sí querían que se privaticen las empresas generadoras de servicios. Eran pocos, pero no salían a las calles.
Estos últimos años, el panorama ha cambiado. Los ciudadanos que apoyan la inversión toman una actitud diferente, pero les resta legitimidad tener discursos excluyentes y racistas.
Bedregal refiere que existe la suspicacia de que sea la empresa Southern la que los financie. Las mismas declaraciones de sus voceros, en medios de comunicación, generaron estas opiniones.
“Evidentemente, relacionarse con Southern les resta credibilidad. Es muy fácil pasar a pensar que los ha ayudado, los ha promovido o los ha organizado”, acotó.
Ambos analistas advierten de que no atender el problema de fondo, que es la licencia de la empresa minera, puede ahondar el enfrentamiento. Para Bedregal, esto puede ocurrir en Arequipa, pero a Montes le preocupa más el valle de Tambo por la posible pérdida de vidas humanas, mientras más se alarga el conflicto.
Autoridades deben evitar enfrentamiento
Las protestas son un derecho ciudadano; sin embargo, son las autoridades quienes deben prevenir que estas no se tornen violentas. Los especialistas exhortan a las entidades, como la Defensoría del Pueblo, a continuar con su trabajo de monitoreo y exhortación. En el caso de la Policía, a actuar con cautela, velando por el respeto de la ley y los derechos civiles.
