Jaqueado por la Fiscalía y el Congreso

La ofensiva fiscal pone en aprietos a Pedro Castillo y a su Gobierno. El presidente, acorralado, ha empezado a contraatacar, desde lo legal, pero también usando su poder.

Esta semana, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, interpuso una denuncia ante la Inspectoría policial contra el coronel de la Policía Nacional, Harvey Colchado, a fin de que se inicie un proceso disciplinario en su contra con posible destitución por presuntos “excesos” que se habrían cometido en el allanamiento a Palacio del 9 de agosto para detener a Yenifer Paredes.

Y ayer, cuando apenas cumplía tres meses de designado, se publicó una resolución en El Peruano dando cuenta del pase al retiro de Luis Alberto Vera Llerena, quien venía desempeñándose como comandante general de la PNP. Su lugar será ocupado por el teniente general PNP, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, que era el inspector general. A su vez, se ascendió al grado de teniente general a Segundo Leoncio Mejía Montenegro, el nuevo inspector general.

Desde luego, no parecen gratuitos estos cambios que afectan directamente la dirección policial y la oficina que, por esas casualidades de la vida, tendrá que tramitar la denuncia presentada por Pachas.

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que el jefe del Estado muestra, cada vez más, desesperación, debilidad y exhibe un comportamiento errático, que no responde al marco normativo que establece la Constitución frente a las investigaciones que lo sindican como presunto líder de una organización criminal instalada en Palacio de Gobierno.

Para Maldonado, una muestra es lo ocurrido con el coronel Colchado, a quien se quiere apartar por la fuerza de las investigaciones. El exprocurador explicó que, según la Ley Orgánica del Ministerio Público, la labor que aquel cumplió en la diligencia en la sede del Ejecutivo es una “acción legítima” dirigida por el Ministerio Público en la cual la Policía presta auxilio y sirve como ente técnico de asistencia a la Fiscalía.

“La respuesta que dio Castillo por medio del abogado Pachas es un abuso de poder, una venganza inaceptable. Muestra que estamos frente a un Gobierno arrinconado y cada vez con menos argumentos legales para defenderse”, declaró a La República.

Por su parte, para el docente de derecho constitucional Pedro Grandez, lo ocurrido con las designaciones policiales hace pensar que existe “la peligrosa posibilidad” de que el presidente utilice todas sus prerrogativas constitucionales con la finalidad de obstaculizar a la justicia.

Grandez sostuvo que, en efecto, en circunstancias normales, se debería asumir simplemente que realizar cambios en la PNP es una atribución presidencial.

No obstante, añadió, el contexto que vive el país es el de un jefe del Estado sobre el que -cada vez más- la justicia está poniendo en evidencia hechos que lo comprometen de una manera directa.

“Por lo menos, todo esto parece un acto de obstaculización, y siendo el presidente debería ser consciente del poder que tiene y del contexto político en que se encuentra. Si no es prudente, si no es capaz de leer ese contexto, le está faltando el respeto a la Constitución y al sentido común de la gente que ve que todos estos movimientos le favorecen”, indicó Grandez.

En tanto, el expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola señaló que lo delicado de la situación de Castillo no es solamente su presunta responsabilidad en los hechos imputados; también, “la grave interferencia de la justicia, desde el más alto nivel”.

El contraataque de Castillo también es de carácter discursivo. “Se han ensañado con este Gobierno en una época racista, totalmente racista porque no hablo como ellos, porque no me siento a esas mesas opulentas como ellos, porque yo camino junto al pueblo”, dijo el mandatario desde Piura la semana pasada. La confrontación pueblo/élite es un rasgo distintivo de los populismos. Castillo se mueve más cómodo en esa faceta. También ha enfilado contra los medios de comunicación, la oligarquía y los “poderes fácticos”.

Como una salida a la crisis, desde varios sectores sociales y políticos, se ha insistido en que la respuesta descansa en la convocatoria a elecciones generales.

Pero, hasta el momento, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han acusado recibo, a pesar de que existen por lo menos un par de proyectos de reforma constitucional presentados en solitario para adelantar los comicios y no esperar hasta el 2026.

Reacciones

Antonio Maldonado, exprocurador

“La respuesta que dio Castillo por medio del abogado Pachas es un abuso de poder, una venganza inaceptable. Muestra que estamos frente a un Gobierno arrinconado y cada vez con menos argumentos”.

Pedro Grandez, abogado y docente

“Si Castillo no es prudente, si no es capaz de leer ese contexto, le está faltando el respeto a la Constitución y al sentido común de la gente que ve que todos estos movimientos le favorecen”.