Juzgado advierte vacíos en elección del defensor del pueblo
Proceso ilegítimo. Fallan a favor de demanda del Sindicato de la Defensoría y cuestionan ausencia de reglas claras.
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El Tercer Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada en parte la demanda de amparo que tramitó el Sindicato de la Defensoría contra el Congreso, por las deficiencias presentadas en el proceso de elección del defensor del pueblo.
En el fallo, el magistrado John Paredes Salas exhorta al Congreso a implementar, previamente a la elección del defensor del pueblo, un “reglamento especial”, tal como establece el reglamento del Congreso, que tiene carácter de ley.
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El artículo 93 del reglamento del Parlamento establece que para la elección del defensor se debe tomar en cuenta las condiciones señaladas en la Constitución, la Ley Orgánica de la Defensoría, “así como el procedimiento determinado en los reglamentos especiales que apruebe el Congreso”.
Como ocurrió con Walter Gutiérrez —ahora embajador en España—, el Pleno eligirá al próximo defensor del Pueblo. Foto: composición LR
Es decir, el Congreso tenía la obligación de aprobar un reglamento especial para la elección del nuevo defensor, pero no lo hicieron y continuaron con el proceso, sin reglas claras y con improvisación hasta el final de la votación de la terna final que se realizó hace una semana.
El juez constitucional precisa que este reglamento debe precisar el perfil que debe cumplir el nuevo defensor, así como el procedimiento de elección.
Es más, la autoridad judicial exhorta al Congreso a que ese reglamento especial contemple los principios de imparcialidad, meritocracia, transparencia y participación ciudadana.
En contraste con estas observaciones, el proceso actual que realiza el Congreso es solo mediante invitación de abogados allegados a los congresistas.
Tal es así que entre los finalistas tenemos a Josué Gutiérrez, quien fue abogado del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón.
Asimismo, es finalista Pedro Cartolín, postulante invitado por el investigado por lavado de activos José Luna Gálvez. Y también está Jorge Rioja, a quien le detectaron deudas coactivas con la Sunat, cuando fue candidato en el primer intento.
La resolución judicial sale con posterioridad al fallo del Tribunal Constitucional (TC), instancia que validó las arbitrariedades de los procesos parlamentarios, para que no sean objeto de control constitucional.
El fallo del Tercer Juzgado Constitucional, sin embargo, debilita la legitimidad del actual proceso de elección defensorial.
Tercer intento
Ligereza. El Congreso realiza el tercer intento de elección del defensor, sin criterios de meritocracia.
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Debido a la poca rigurosidad de la comisión que presidió Manuel García (APP), la elección final podría darse a mediados de mayo, únicamente en función al negociado de votos.
