Alejandro Toledo ahora demanda al Departamento de Estado de EE. UU. para dilatar su extradición a Perú

El expresidente Alejandro Toledo presentó un nuevo recurso ante los tribunales de Estados Unidos con el objetivo de frenar la extradición a Perú y, en consecuencia, su procesamiento por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión en el caso de la carretera Interoceánica. Ahora, el exmandatario demandó al Departamento de Estado y la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman.

Ante la Corte del Distrito de Columbia, Toledo Manrique formuló una “demanda de medidas cautelares y de reparación” en la que denuncia una supuesta “falta de garantías procesales” en la decisión del Gobierno estadounidense de conceder la extradición. Para ello, el exmandatario invoca la quinta enmienda.

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“Aunque la decisión de extraditar o no al doctor Toledo corresponde al Departamento de Estado y no está sujeta a revisión judicial, la quinta enmienda de la Constitución de EE. UU. obliga al Departamento de Justicia a conceder al doctor Toledo las debidas garantías procesales en el curso de la adopción de una decisión relativa a la extradición”, se lee en el escrito al que accedió La República.

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Específicamente, la defensa legal de Toledo, David Bowker y Kelsey Quigley, del estudio Hale & Dorr and WilmerHale, denuncia que el Gobierno norteamericano “no ha revelado ninguna información no clasificada, premisas fácticas o supuestas pruebas relevantes para su decisión” de entregar al expresidente a las autoridades peruanas. También reclaman que no se le ha dado la oportunidad de “revisar y refutar” los fundamentos del despacho que lidera Anthony Blinken.

“El hecho de que el Departamento no haya otorgado al Dr. Toledo estas garantías mínimas conforme a la Cláusula del Debido Proceso lo ha privado de su libertad sin el debido proceso legal y, por lo tanto, viola la quinta enmienda de la Constitución”, advierten.

En una carta dirigida al letrado Bowker, el Departamento de Estado afirmó que, para aprobar la repatriación, se revisó la documentación presentada ante la Corte del Distrito Norte de California y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Sin embargo, para la defensa de Toledo, “la mera revisión de materiales no es suficiente para cumplir con la Cláusula del Debido Proceso cuando está en juego un derecho fundamental”.

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Eso no es todo. También se cuestiona que el Gobierno no abordó ni desestimó en su decisión los argumentos formulados ante el Poder Judicial sobre la probabilidad de que el expresidente sea “torturado, sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a otros abusos en prisión preventiva en Perú”.

“La trágica realidad es que la extradición a Perú en estas circunstancias equivale muy probablemente a una condena a muerte preventiva. En este caso, no solo está en juego la libertad del Dr. Toledo, sino también su vida. Como el abogado firmante ha comunicado al Departamento, el Dr. Toledo es un hombre de 77 años que sufre serios problemas de salud mental y física. Es poco probable que sobreviva en las duras condiciones de detención preventiva el tiempo suficiente para ver el interior de una sala de justicia peruana”, reza el texto.

Pedidos de Alejandro Toledo

Los letrados aseguran que en caso de que el exmandatario “sobreviva en prisión preventiva” son pocas las posibilidades de que reciba un juicio “justo y rápido”, toda vez que el sistema judicial peruano “carece de la independencia e imparcialidad necesarias para resistir la presión política y la corrupción".

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“El Dr. Toledo presenta esta demanda para obtener una reparación urgente en virtud de la quinta enmienda de la Constitución, incluyendo una declaración de que el Departamento ha violado el derecho constitucional del Dr. Toledo al debido proceso y una orden judicial que prohíba al Departamento entregar al Dr. Toledo al Perú sin antes ofrecerle dicho proceso”, requieren.

Además de una declaración de inconstitucionalidad y una medida cautelar que suspenda temporalmente la extradición, el exmandatario Alejandro Toledo solicita a la Corte de Columbia declarar que la libertad bajo fianza no puede ser revocada y que “no puede ser puesto bajo custodia de EE. UU. en ausencia de dicho proceso por el Departamento del Estado”.