Grupo La República presenta demanda de amparo contra OSCE

El Grupo La República Publicaciones presentó una demanda de amparo contra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) por la persecución que ha iniciado contra los diarios La República, El Popular y Libero.

La demanda fue presentada el 7 de octubre ante los Juzgados Constitucionales de la Corte de Justicia de Lima, luego de que OSCE impusiera dos sanciones que prohíben a este medio de comunicación contratar con el Estado hasta febrero del 2023 y amenazara con otras 106 sanciones, que harían que el impedimento fuera de por vida.

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Esta situación, indica la demanda, vulnera los derechos constitucionales a la libertad de contratar con fines lícitos, libertad de información y el principio de presunción de inocencia, por lo que se pide al Poder Judicial que ordene cesar todos los procesos sancionadores.

El Grupo La República está evaluando ampliar la demanda y presentar una denuncia penal contra los funcionarios de OSCE para incluir una serie de eventos y documentos descubiertos con posterioridad al 8 de octubre que revelan un desarrollo violatorio del debido proceso y el derecho de defensa por parte de OSCE.

En virtud del dictamen n.° 192-2021/DGR-SIRE del 30 de noviembre del 2021, OSCE y el TCE atribuyen a La República haber contratado con el Estado transgrediendo la ley 30225, entre el 19 de noviembre del 2020 al 28 de julio del 2021, época en la que Claudia Cornejo Mohme, hija de María Eugenia Mohme, se desempeñó como ministra de Comercio Exterior y Turismo.

“Desde marzo del presente año (2022) venimos siendo hostigados por el Tribunal de Contrataciones con el Estado, quienes nos ha notificado de 108 procedimientos sancionadores, a través de los cuales se nos viene sancionado por las contrataciones acordadas con diversas instituciones del Estado, pese a que ninguno de esos contratos fue acordado con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo”, precisa la demanda.

Agrega que la amenaza se ha consumado al haberse impuesto dos sanciones al diario La República, una de cuatro meses y otra de cinco meses, en 2 de los 108 procedimientos, “al punto de encontrarnos actualmente inhabilitados para contratar con el Estado”.

La demanda explica que la controversia que genera la ley 30225 respecto al derecho a la libertad de contratar y la presunción de inocencia ya ha sido aclarada por el Tribunal Constitucional, antes de noviembre del 2020, en una sentencia en la que se concluye que OSCE tiene otros medios para evitar cualquier intromisión indebida en un contrato, antes de imponer una sanción.

Además, el TC precisó que “resulta desproporcional y lesivo a la libertad de contratar con fines lícitos, impedir que una persona contrate con el Estado por el solo hecho de ser pariente de un funcionario del Estado, si es que el contrato no es suscrito con la entidad en la que se desempeña el pariente”, como se ve en el presente caso.

Igualmente, estableció que presumir que una persona por el solo hecho de ser familiar de un funcionario estatal está recurriendo a influencias indebidas, contradice el principio de inocencia o principio de licitud, previsto en la Constitución.

También se explica que las sanciones desarrolladas por OSCE atentan contra la libertad de información, pues lo que se persigue es afectar los ingresos económicos de los diarios La República, El Popular y Libero, negando a los ciudadanos el derecho a recibir información plural.

El TC también señaló que el impedir al Estado contratar publicidad en medios privados de comunicación, disminuye los canales mediante los cuales este busca hacer llegar información relevante a la ciudadanía. La demanda ya fue notificada a OSCE, para recoger su versión de los procedimientos.

Afectación al debido proceso y la defensa

Los procesos se iniciaron con un dictamen que emitió la Subdirección de Identificación de Riesgos, el 30 de diciembre del 2021. Pero OSCE oculta que esta misma subdirección emitió el 21 de enero del 2022 un oficio en el que indica que La República no violó la ley.

El 7 de setiembre del 2022, el Tribunal de OSCE impuso dos sanciones a La República, pero recién una semana después le pidió al Poder Judicial aclarar la existencia del Diario Judicial, sobre lo que las municipalidades habían informado desde febrero. La respuesta del PJ obligó al TCE a anular, en octubre, una sanción y dos procesos sancionadores.

El documento oculto

OSCE no notificó a las partes el oficio del SIRE que aclara que La República no transgredió la ley.