Dina Boluarte: situación de mandataria se complica aún más por muertes en protestas

La presidenta Dina Boluarte busca salir de los casos de las muertes en las protestas contra su Gobierno cuando su situación se ha complicado más. Su defensa legal pide que se archive la denuncia contra la mandataria; pero las pericias forenses, videos y testimonios que ya tiene la Fiscalía refuerzan la imputación de que hubo ejecuciones extrajudiciales que complican a la jefa de Estado.

“En los sucesos de Andahuaylas, hay evidencias de ejecuciones extrajudiciales. En los de Ayacucho con mayor razón: evidencias forenses, documentales, testimoniales. En los casos de Junín y Arequipa también. En el de Puno, hay evidencia sobrada de ejecuciones extrajudiciales: testimonios de familiares, evidencias forenses, exámenes médicos, pericias balísticas. En el caso de Lima, hay en el caso de Víctor Santisteban”, dice Carlos Rivera, abogado de las víctimas.

Con estas evidencias, los decesos no resultan justificables como contingencia de la contención de una protesta. Esto porque muestran que se hicieron sin que haya amenaza a la vida de agentes del orden por la distancia y otros elementos.

“Las pericias balísticas, los exámenes médicos, los protocolos de necropsia son lo más contundente. También están los videos, como en Ayacucho, Puno y Lima. La fiscal del caso de Ayacucho nos acaba de solicitar los videos de Ayacucho para su indagación”, aduce Rivera.

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“No se ha demostrado en ningún caso que las víctimas hayan estado haciendo actividad que haya puesto en riesgo la vida de los policías. Y los disparos son de larga distancia, en que ninguna persona pone en riesgo la vida de un militar. Las muertes no se dieron en enfrentamiento, sino en decisión arbitraria e intencional de dañar”, añade.

Tres organizaciones internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, coinciden en considerar que hubo ejecuciones extrajudiciales en las protestas.

Hace solo tres semanas, la propia Fiscalía de la Nación amplió la investigación al ministro del Interior, Vicente Romero, en los casos de homicidios en Lima y Cusco. En la misma disposición, Boluarte es imputada en delito de homicidio calificado.

El manejo de Boluarte, al justificar las acciones de la Policía tras las muertes, alegando que los terroristas controlaban las manifestaciones y luego dando bonos a los efectivos, abona a una participación de la jefa de Estado en el delito, según ya consideran en la Fiscalía.

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“Proclamó que lo sucedido fue correcto y le entregó bono a los policías de esas operaciones. Los estaba premiando”, resalta.

A esto se suman las declaraciones de mandos militares que contradicen a Boluarte en su intento de tomar distancia. La mandataria adujo ante los fiscales que se enteró de los decesos en el Consejo de Ministros, pero, ante registros de visitas a Palacio, el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, reconoció que informaba a la gobernante de estos hechos.

Por eso y otros elementos, la Fiscalía considera incluir a la jefa de Estado en delito de homicidio calificado en lo que en el sistema internacional implica ejecuciones extrajudiciales.

El dato

Alegato. Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, aduce que, en la investigación preliminar, la Fiscalía no ha recogido testimonios ni evidencias que señalen que la mandataria haya dado órdenes que propiciaron las muertes de manifestantes.

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Imputados en homicidio

Fiscalía amplió investigación incluyendo a ministro Romero e imputa homicidio calificado a Boluarte.