Política

César Acuña: Exregidor de Trujillo adquiere kit de revocatoria contra gobernador regional de La Libertad

Algunas de las razones por las que se busca remover del cargo a Acuña Peralta son, el incumplimiento de promesas de campaña y la falta de respuesta para combatir la inseguridad ciudadana.

Según la ONPE, para revocar a una autoridad es necesario recolectar 300.000 firmas. Foto: composición LR/César Acuña/José Miranda Prado/Gobierno Regional de la Libertad
Según la ONPE, para revocar a una autoridad es necesario recolectar 300.000 firmas. Foto: composición LR/César Acuña/José Miranda Prado/Gobierno Regional de la Libertad

José Miranda Prado, ex regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, inició el pasado 6 de junio la solicitud para la revocatoria del gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta. La decisión de activar este mecanismo se sustentaría en lo que él describe como una falta de resultados en la administración de Acuña, principalmente en áreas críticas como la seguridad pública, un tema de creciente preocupación entre los ciudadanos de La Libertad.

"Por el incumplimiento de tantos ofrecimientos realizados por César Acuña Peralta, gobernador regional de La Libertad, y por la inseguridad ciudadana, ¡Acuña nunca más, Acuña revocatoria! El pueblo tiene que estar unido para sacar a Acuña Peralta del gobierno regional, por sus promesas incumplidas y por la inseguridad ciudadana", remarcó el exconcejal".

El proceso comenzó tras el viaje de Miranda a Lima para adquirir el kit de revocatoria proporcionado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), un paso legal necesario para iniciar este tipo de procedimientos en Perú. Cabe señalar que para remover del cargo a Acuña, se tendría que recolectar aproximadamente 300,000 firmas de votantes registrados, un requisito necesario para llevar a cabo su objetivo.

Por otro lado, en una entrevista con La República, el especialista en derecho electoral, Miguel Villaverde, al ser consultado sobre el tiempo que se tendría para recolectar las firmas solicitadas por la ONPE, sostuvo que "A diferencia de las anteriores revocatorias, se tendrán plazos más reducidos, solo (3) meses, para recabar el doble de firmas que los procesos anteriores contemplaban. (...) según la Ley N.° 26300, modificada el 2015, cuyo texto señala 'Artículo 25.- Reemplazo de revocados Quienes reemplazan a los revocados completan el período para el que fueron elegidos estos. En ningún caso hay nuevas elecciones'. A diferencia de la revocatoria a la exalcaldesa Susana Villarán (Periodo 2011-2014), esta vez no habrá elecciones complementarias, sino entre los ya elegidos el 2022 se elegirá al nuevo alcalde y culminarán el periodo hasta el 2026.

¿A qué autoridades se pretende revocar este 2024?

Este año, varios ciudadanos y grupos han comenzado a movilizarse para iniciar procesos de revocatoria contra diversas autoridades electas, entre las cuales se encuentran las siguientes figuras públicas:

  • Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, ha sido criticado por no cumplir sus promesas de campaña, lo que ha motivado la creación de movimientos ciudadanos como "Porky No Va", que promueven su revocatoria.
  • Werner Salcedo, gobernador regional de Cusco, ha sido objeto de protestas por parte de obreros de la construcción civil debido a su presunta incapacidad para gestionar eficientemente.
  • Koki Noriega, gobernador de Áncash, enfrenta cuestionamientos por su gestión y la falta de ejecución de obras importantes en la región.

Según la ONPE, ¿por qué razones se puede promover una revocatoria?

  • Incumplimiento de promesas de campaña: si los ciudadanos sienten que las promesas que llevaron a la elección de una autoridad no se han cumplido, pueden utilizar esto como base para la revocatoria.
  • Percepción de gestión ineficaz: puede estar relacionada con la falta de progreso en aspectos importantes de la gestión local o regional, como el manejo de los recursos, la ejecución de obras públicas o las políticas de seguridad.
  • Falta de respuesta a las necesidades de la comunidad: si los ciudadanos perciben que la autoridad no está atendiendo adecuadamente las necesidades y preocupaciones locales.