Congreso le da la espalda a los transportistas: no derogará la Ley 32108 sobre crimen organizado
Con Fuerza Popular y Perú Libre encabezando la defensa de esta norma, la mayoría de congresistas se enfrascan solo en la modificación de sus alcances referidos a los allanamientos, pero no sobre la redefinición del delito de organización criminal.
El Congreso le ha dado la espalda a los dirigentes transportistas que el jueves 10 se reunieron con los voceros de las bancadas para exigirles la derogatoria de la Ley 32108 sobre crimen organizado. El último viernes 11 de octubre, durante una sesión extraordinaria del Pleno, el fujicerronismo y sus aliados salieron en defensa de esta norma y ratificaron que no darán marcha atrás de lo dispuesto.
Por la tarde, la sesión comenzó con la discusión de un proyecto de la Defensoría del Pueblo que precisa los alcances de esta ley sobre la presencia de los abogados de los investigados en los registros realizados durante los allana mientos a inmuebles.
Los congresistas de la oposición protestaron porque la demanda de los dirigentes de los transportistas era enviar al archivo esta ley y debido a que no se estaba abordando el otro punto cuestionado de la norma: la redefinición del delito de organización criminal.
La coalición que domina el Parlamento dejó en claro que solo se iban a discutir modificaciones, pero no la derogatoria.
Fujicerronismo defendió Ley 32108
Los primeros en salir a defenderla fueron los congresistas de Fuerza Popular. El fujimorista Eduardo Castillo sostuvo que quienes rechazan la Ley 32108 “buscan disfrazar el vandalismo como supuesto derecho a la protesta” y su colega César Revilla afirmó que con la derogatoria se “legalizan las marchas violentas”.
La primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Patricia Juárez, de Fuerza Popular, sostuvo que antes de esta ley se incrementaron los delitos sobre crimen organizado. “Todas las mafias se aprovecharon de que esa norma, tal como estaba diseñada, nunca los persiguió y por eso ahora creemos que quienes están detrás de la derogatoria realmente son las mafias”, alegó.
La parlamentaria de Perú Libre Kelly Portalatino también se opuso a la derogatoria. “Son otros quienes están tratando de tergiversar la esencia de una ley (...). Jamás estamos quebran tando el factor sorpresa (en los allanamien tos)”. Lo mismo hizo su compañera cerronista María Agüero: “Quienes utilizan la indignación del pueblo, deben saber que esta ley es una he rramienta para combatir el crimen organizado. Es momento de terminar con la persecución. Debemos defender la Ley 32108”.
Huelga. Transportistas esperaron en vano una decisión positiva del Congreso. Foto: Marco Cotrina | LR
Una minoría exigió la derogación
La oposición protestó por la intransigencia del fujicerronismo. “No hay duda de que esta ley es garantista para el delincuente, también para el delincuente de saco y corbata. Nosotros plan teamos la derogatoria porque esta no permite los allanamientos como antes”, lamentó el congresista de la Bancada Socialista Alex Flores.
El parlamentario del Bloque Democrático Popular Edgar Reymundo se refirió a la intervención de su colega Juárez. “Me causa gracia cuando dicen que quienes piden la derogatoria están detrás de las mafias. ¿Entonces quiere decir que los transportistas son mafiosos?”, cuestionó.
El presidente del Congreso, EduardoSalhuana, bajó hacia su escaño para tomar la palabra y proponer una reforma “para redefinir lo que se entiende pvor organización criminal”. “Además, el tema del allanamiento no puede estar sujeto al investigado. Tampoco puede estar sujeto a la presencia de un abogado”, expresó.
Pero no había consenso en el hemiciclo. Ni con las modificaciones y menos con la derogatoria. El presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, de Perú Libre, pidió un receso para elaborar un nuevo texto sustitutorio que incluya las propuestas presentadas por sus colegas.
Mientras eso, afuera de la plaza Bolívar, los dirigentes transportistas ya habían tomado la decisión de convocar a un paro indefinido. Sienten que los congresistas les han dado la espalda.
El jueves 10 de octubre los voceros de las bancadas y los transportistas se reunieron para abordar la derogatoria de la Ley 32108
Fujicerronismo insiste en debilitar el sistema judicial
Minutos antes de este debate el legislador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, solicitó que se incluya en el proyecto de ley sobre terrorismo urbano la iniciativa del Ejecutivo para que los miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y la Policía Nacional del Perú (PNP) sean procesados en el fuero militar y policial en caso sean denunciados tras su accionar en los estados de emergencia.
Y, por su parte, el parlamentario de Perú Libre, José Balcázar, presentó un proyecto de ley para que los jueces, en vez de aplicar control difuso sobre las normas que colicionen con la Constitución, presenten demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). Su colega del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, alertó los riesgos de esta iniciativa. "Los defensores de la Ley 32108 van por todo. Ahora quieren someter decisiones de jueces para que el TC, que eligieron mayoritariamente, decida", dijo.
