Congreso blinda a Digna Calle y manda al archivo dos denuncias constitucionales
Impunidad. La Comisión Permanente archivó este caso porque las congresistas Kelly Portalatino y Rosselli Amuruz retiraron sus denuncias por presunto abandono del cargo. Por otro lado, el Pleno no logró los votos para inhabilitar al exprimer ministro Aníbal Torres.
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Digna Calle, salvada por los desistimientos de Rosselli Amuruz y Kelly Portalatino.
Luego de un año del escándalo por las licencias otorgadas en el Congreso a la parlamentaria de Podemos Perú, Digna Calle, quien estuvo en Estados Unidos durante ocho meses, la Comisión Permanente mandó al archivo dos denuncias constitucionales contra ella por presunto abandono del cargo.
La razón de la decisión es porque las congresistas de Perú Libre, Kelly Portalatino, y de Avanza País, Rosselli Amuruz, decidieron retirar sus denuncias constitucionales.
Sus solicitudes fueron envia das por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Cons titucionales del Congreso (SAC), Lady Camones, al titular de la Mesa Directiva, Alejandro Soto.
Ambas, el año pasado, sindicaron a su colega Digna Calle de haber abandonado el cargo y exigieron que sea inhabilitada de la función pública.
En su exposición, Camones dio cuenta de que ninguno de los congresistas miembros de la subcomisión puso objeciones a los desistimientos. El acuñista Soto, quien dirigía la sesión de la Comisión Permanente, en comendó a su relator a leer las solicitudes y enviar este caso al archivo.
Es un misterio la motivación de las parlamentarias Kelly Portalatino y Rosselli Amuruz para haber re trocedido en sus acusaciones. Hubo un giro en su indignación sobre este caso.
El 1 y 3 de agosto del año pasado, ambas interpusieron denuncias constitucionales sindicando a Calle de haber cometido infracciones a la carta magna. La congresista de Podemos Perú permaneció en Estados Unidos más de medio año gracias a las licencias otorgadas por la Mesa Directiva.
Portalatino demandaba que su colega de Podemos Perú sea inhabilitada tres años de la función pública. Mientras que Amuruz exigía diez.
Recién en setiembre, Calle regresó a nuestro país en medio de los cuestionamientos que pesaban sobre el Congreso por no haber regulado las licencias.
El caso también llegó a la Comisión de Ética del Parlamento, pero el 4 de diciembre solo apro baron amonestarla por escrito.
El giro de Amuruz y Portalatino
Al día siguiente, Amuruz presentó una solicitud ante la Subcomisión de Acusaciones para retirar su denuncia constitucional. Portalatino hizo lo mismo el 19 de febrero.
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Esto puso en incertidumbre el juicio político contra la legisladora Calle. Las dos denuncias constitucionales fueron admiti das a trámite y la subcomisión había elegido al congresista de Perú Libre Isaac Mita como de legado del informe final.
El 23 de febrero, la SAC abordó los desistimientos de Amuruz y Portalatino. El perulibrista Mita recomendó dejar el caso porque no era necesario continuar, en vista de que sus colegas habían dado marcha atrás con las acusaciones cons titucionales contra Calle.
La presidenta de la subcomisión, Lady Camones, le respondió que se debe es perar la decisión de la Comisión Permanente. Al final, esa comisión dio luz verde a los desistimientos.
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De esta manera, la parlamentaria Calle no recibió nin guna sanción en la Comisión de Ética y tampoco la recibirá en la Subcomisión de Acusaciones porque el proceso de juicio político fue encarpetado.
La República buscó la ver sión de las congresistas Amuruz y Portalatino. Esta última, al ser abordada por este diario, res pondió: “Eso es reservado, no puedo dar explicaciones”.
Este diario insistió y la exmi nistra de Salud alegó que dicha investigación no había sido acogida. Sin embargo, se le recordó que este juicio político estaba en su etapa final y que por eso la subcomisión había encomendado a su colega Mita que presente un informe final para proceder con la acusación.
La congresista Portalatino colgó la llamada telefónica. Mediante sus asesores de pren sa, este diario insistió con preguntar las razones de su decisión. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta de parte de la parlamentaria.
Fracasó la inhabilitación de Aníbal Torres
Horas después, el Pleno votó el informe final de la congresista de Fuerza Popular (FP) Martha Moyano sobre la denuncia constitucional contra el ex primer ministro Aníbal Torres. El dictamen planteó inhabilitar a Torres de la función pública por 10 años.
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Sin embargo, las bancadas a favor de esta sanción —entre ellas Fuerza Popular y Perú Li bre— solo alcanzaron 55 votos. Necesitaban 67.
Una de las parlamentarias que respaldaron su inhabilita ción fue Portalatino. Amuruz no votó porque es miembro de la Comisión Permanente.
Al cierre de esta edición, el congresista fujimorista Eduardo Castillo presentó una moción de reconsideración.
No avanzó la inhabilitación de Aníbal Torres
Venganza fallida. La fujimorista Martha Mo yano, en su informe final, propuso que Aníbal To rres sea inhabilitado por haber azuzado a los diri gentes sociales a movili zarse contra el Congreso durante el gobierno de Pedro Castillo.
Autor. El congresista que había presentado la denuncia constitucional contra Torres fue Jorge Montoya, de Renovación Popular.
