Congreso autoriza viaje de Dina Boluarte a Brasil del 7 al 9 de agosto
Mandataria aplicará por primera vez la ley de la presidencia remota en evento organizado por Lula da Silva. Norma que permitirá su viaje ha sido señalada como inconstitucional.
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El Congreso resolvió en el pleno de este jueves autorizar el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Brasil a fin de que participe en la IV Reunión de Presidentes de los Estados Parte en el Tratado de Cooperación Amazónica, organizado por el mandatario brasileño Lula da Silva. El pedido del Ejecutivo, planteado por el primero ministro Alberto Otárola el último miércoles, fue finalmente aceptado este 3 de agosto con 62 votos a favor, 32 votos en contra y 7 abstenciones. Sumado a ello, solo fue posible gracias a la ley de presidencia remota aprobada por este Parlamento hace menos de dos meses.
La visita al vecino país sudamericano se dará entre del 7 al 9 de agosto y constituirá el primer viaje realizado por la presidenta Dina Boluarte. Aquello se permite gracias a la ley de presidencia remota que el Congreso aprobó en su favor el último 21 de junio. En este, se autoriza que la jefa de Estado pueda salir del territorio nacional sin encargar el mandato del Gobierno a ningún otro funcionario del Estado, y, en cambio, pueda usar "otras tecnologías digitales" para dirigir al país desde su viaje.
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Sin embargo, esta propuesta ha sido ampliamente rechazada por diversos sectores, no solo por el hecho de ser una ley con nombre propio, sino por contravenir el artículo 102 de la Constitución Política del Perú que precisa que, ante cualquier viaje al extranjero, el jefe de Estado debe dejar encargado el despacho presidencial.
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Cuestionamientos hacia ley de presidencia remota
Tras esta interpretación, varios especialistas han apuntado que la Ley n.° 31810, más conocida como 'ley de presidencia remota', contravendría directamente a la carta magna, por tal motivo, ha sido señalada como inconstitucional.
Por ello, congresistas como Ruth Luque y Sigrid Bazán han anunciado la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de esta modificatoria a la Constitución que fue planteada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso en poco más de un mes.
