Fiscalía y Poder Judicial opinaron contra proyecto sobre prescripción
Alertados. En marzo y abril, la Comisión de Justicia del Congreso recibió los informes técnicos y señaló que el proyecto de ley no era viable. Sin esperar esas respuestas, elaboraron el dictamen que fue aprobado por el Pleno y promulgado por el Ejecutivo.
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Por: Alejandro Céspedes
La polémica norma que modifica la suspensión de los plazos de prescripción, promulgada el viernes último por el Ejecutivo, fue aprobada por el Pleno del Congreso pese a que la Fiscalía y el Poder Judicial opinaron que la ley no era viable.
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Sin consideración de las observaciones técnicas, la ley 31751 que modifica los plazos de la suspensión de la prescripción limitándola a no más de un año podría traer consecuencias negativas para la persecución del delito, sobre todo los de naturaleza más compleja.
La ley aprobada, que es producto de la adaptación de numerosos dictámenes desde el 2016 en adelante, no habría tomado en cuenta las opiniones técnicas solicitadas al Ministerio Público y el Poder Judicial en 2022. Dichos informes fueron enviados en marzo y abril.
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Por un lado, la Jefatura de Gabinete de Asesores del Poder Judicial, a cargo de Pedro Miguel Angulo, concluyó en el informe n° 000032-2023-GA-P-PJ que el proyecto era inviable. Esto debido a que el órgano judicial considera que, por ejemplo, en los casos donde se requiere la prerrogativa parlamentaria para que la Fiscalía investigue, el órgano estaría sin la posibilidad de llevar a cabo un debido proceso.
En ese sentido, se advierte que debería regresar a debate “para un mayor análisis y elaboración (de propuesta legislativa)”.
El Ministerio Público concluyó lo mismo. El órgano fiscal sostiene que no resulta viable “al pretender considerar que el plazo del proceso penal debe contabilizarse cuando no resulta posible que el sistema de justicia pueda realizar acciones de investigación”.
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Lo anterior hace referencia a todas aquellas diligencias seguidas a altos funcionarios de entidades públicas, las cuales, por su naturaleza jurídica compleja, deben esperar ciertas acciones extrapenales tales como la espera de pronunciamientos que puede desencadenar, por ejemplo, un antejuicio político que está contemplado en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú.
De esa manera, enfatizan que si esos tipos de tiempo que duren los procesos extrapenales son considerados para el plazo prescriptorio del proceso penal “podría generar la prescripción de la acción penal, generando impunidad de los delitos, sin siquiera darle la oportunidad al sistema de justicia de realizar acciones de investigación”
Sin esperar estas respuestas, el 1 de marzo la comisión aprobó el dictamen con los votos de los legisladores de Perú Libre, por supuesto, Fuerza Popular y Acción Popular. Ese mismo texto fue aprobado el 11 de mayo en el Pleno con el respaldo de las bancadas de derecha e izquierda conservadoras, y enviada la autógrafa el 19 de mayo pasado. El Ejecutivo la promulgó siete días después, con inusual celeridad.
Informes técnicos
La Junta de Fiscales Superiores de Lima Sur advirtió que, por ejemplo, en caso de altos funcionarios, deben esperar el antejuicio.
El informe del jefe de gabinete de asesores del Poder Judicial señala también que no era viable el proyecto de ley como estaba y debía ser analizado mejor.
