Williams admite que ley que reduce a 1 año el plazo de prescripción podría beneficiar a investigados

José Williams Zapata, presidente del Congreso de la República, se pronunció respecto a la Ley 31751, publicada el último jueves 25 de mayo en el Diario Oficial el Peruano y admitió que es muy probable que esta norma podría beneficiar a “algunas personas que son presuntos delincuentes”, debido a que un año es un tiempo muy corto para terminar la tarea de investigación. “La situación es compleja, no sé si se podrá hacer algo porque ya es ley”, agregó.

La ley modificó el artículo 84 del Código Penal que detalla la suspensión de la prescripción. La norma estableció el plazo de un año para la continuación de la suspensión de la prescripción de un delito. “La suspensión de la prescripción no podrá prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal u otros procedimientos. En ningún caso dicha suspensión será mayor a un año”, es el texto agregado.

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Para Williams Zapata, esta ley es una llamada de atención a la justicia nacional. “Yo creo que hay un tiempo suficiente como para no dejar las cosas (investigación); hasta el momento, el juez podía decir ‘dejemos libre el asunto hasta cuando el fiscal termine y encuentre al responsable’ y esto podía ser eterno”, adujo.

Entonces, según el presidente de la Mesa Directiva del Parlamento, esto ayudaría de alguna manera a las personas que podrían estar involucradas en un caso sin tener responsabilidad. Sin embargo, “también es cierto que es muy probable que, así como camina lamentablemente la justicia por sus trámites, por la falta de presupuesto y también por sus competencias, es probable que los tiempos vayan a vencer”, agregó.

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“Creo que eso debe servir para poder acelerar los tiempos y probablemente manejar un porcentaje del tiempo para terminar la tarea, pero es un llamado definitivamente a que la justicia tiene que ser oportuna”, finalizó.

Ley favorece a cabecillas de “Los Cuellos Blancos del Puerto”

Con la entrada en vigencia de esta ley, los delitos menores cometidos por el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y otros involucrados en el caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto” han prescrito. Es decir, el Poder Judicial ya no podrá juzgarlos ni sentenciarlos.