“No es posible someter a Castillo a un juicio o antijuicio político”, señala moción de vacancia
Documento también afirma que Pedro Castillo “no puede ser destituido por el procedimiento de juicio político” regulado en los artículos 99 y 100 de la Constitución.
Contradicción. El presidente Pedro Castillo podría verse beneficiado por la moción de vacancia presentada por el congresista no agrupado Edward Málaga Trillo este martes 29 de noviembre en mesa de partes del Parlamento Nacional.
Pues, de acuerdo al documento de moción de orden del día n° 4904, se reconoce que fuera de las causales mencionadas en el artículo 117 de la Constitución Política, “no es posible someter al presidente (Pedro castillo) a un juicio o antejuicio político durante su mandato”.
“Es decir, incluso cuando el presidente haya incurrido en actos graves que pongan en cuestión su legitimidad en el ejercicio del cargo o que afecten la vida e integridad de las personas, así como los bienes jurídicos relevantes, no puede ser destituido por el procedimiento de juicio político regulado en los artículos 99 y 100 de la Constitución”, se lee.
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Asimismo, se precisa que “resulta inaceptable” que, a pesar de las restricciones en el mencionado artículo, un presidente “ejerza el cargo en medio de fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, o cuestionamientos morales y éticos”.
“Por ello, la inmunidad del presidente debe ser matizada a la luz de nuestra experiencia histórica y las líneas interpretativas desarrolladas por el Tribunal Constitucional en los últimos años”, se expresa.
Pedro Castillo
Moción difiere de denuncia constitucional de Patricia Benavides
Dicho argumento difiere de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo. Pues esta acusación busca suspender al jefe de Estado de sus funciones por medio del antejuicio político, prerrogativa prohibida de acuerdo a la moción.
El último jueves, la Comisión Permanente decidió otorgar 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para realizar la investigación y presente el informe final de la denuncia contra Castillo Terrones por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
