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Política

Congreso: legislador José Arriola tiene investigación fiscal por negociación incompatible

Inconsistencias. Acción Popular retiró a tres miembros de la SAC, pero designó a otro que tiene un expediente fiscal. Situación invalidaría votación del informe contra Pedro Castillo por “traición a la patria”.

Acción Popular. Según fuentes de la bancada Acción Popular, José Arriola no informó en las reuniones internas que tenía una investigación fiscal en curso.
Acción Popular. Según fuentes de la bancada Acción Popular, José Arriola no informó en las reuniones internas que tenía una investigación fiscal en curso.

El parlamentario José Alberto Arriola Tueros, de la bancada Acción Popular, enfrenta en la actualidad una investigación preliminar en la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de negociación incompatible. A pesar de ello, el viernes último emitió su voto a favor del informe final sobre supuesta “traición a la patria” que le atribuyen al presidente Pedro Castillo, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

Arriola Tueros ni siquiera tomó en cuenta la exhortación que hizo la presidenta de la SAC, Lady Camones (Alianza para el Progreso), al inicio de la sesión del viernes, cuando pidió abstenerse de votar a quienes cuenten con procesos penales.

La misma legisladora deslizó que una situación de este tipo podría afectar el principio del debido proceso, ya que el artículo 20 del Reglamento del Congreso prohíbe que congresistas con procesos penales conformen la SAC.

Lady Camones, en su breve paso por la presidencia del Congreso, había solicitado al Poder Judicial información sobre legisladores con procesos penales. Dicha instancia emitió respuesta y fue por ello que las bancadas retiraron de la SAC a legisladores como Martha Moyano, Waldemar Cerrón o Norma Yarrow (cuyo reporte era, por lo demás, impreciso).

Pero Camones no fue rigurosa en los requerimientos de información que hizo.

Una verificación en detalle realizada por esta redacción sobre los 130 congresistas permitió establecer otras investigaciones en curso contra ellos, como el expediente con reporte de diligencias preliminares de Waldemar Cerrón, por los presuntos delitos de peculado, malversación de fondos y otros, junto con su hermano Vladimir Cerrón.

Congresistas fueron cambiados de la SAC por tener procesos judiciales pendientes. Foto: Congreso

Congresistas fueron cambiados de la SAC por tener procesos judiciales pendientes. Foto: Congreso

Favorecimiento

El legislador Arriola Tueros también tiene una investigación abierta por la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, según una disposición emitida el 9 de febrero del presente año.

Arriola Tueros se encuentra investigado junto con otros nueve exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Ate por el presunto delito de negociación incompatible.

Según la resolución fiscal, Arriola Tueros era subgerente de Programas Sociales cuando se produjo el presunto favorecimiento a cuatro proveedores, por 2 millones 886 mil 418 soles, en procesos de adquisición directa de productos para un programa de alimentación y nutrición, entre los años 2016 y 2017.

Los exfuncionarios del municipio de Ate gestionaron un total de 99 órdenes de compra para adquirir productos de forma fraccionada, cuando, por los montos, debieron efectuar otro tipo de proceso, de acuerdo con la normatividad sobre contrataciones públicas.

Sin transparencia

La República consultó a Arriola Tueros sobre esta investigación fiscal y el legislador de Acción Popular admitió tener conocimiento del caso e incluso precisó que ya se ha apersonado para rendir su manifestación “hace como cuatro o cinco meses”.

El pasado 19 de octubre, Acción Popular acordó retirar a los legisladores Ilich López, Darwin Espinoza y Jorge Flores Ancachi de la SAC, debido a que los tres enfrentan una investigación por el presunto delito de organización criminal.

Uno de los reemplazantes fue José Arriola, a pesar de tener también una investigación fiscal. Preguntado sobre esto, el parlamentario solo sostuvo que su investigación “es un proceso básicamente de índole administrativa y así figura en la declaración y pruebas esbozadas (…), no he sido ejecutor”.

Sin embargo, se trata de una investigación que constituye también impedimento para formar parte de la SAC. El penalista Jorge Zúñiga Escalante precisó a esta redacción que una investigación preliminar ya constituye un proceso penal, según lo establece el Código Procesal Penal.

Fuentes de la bancada Acción Popular informaron que, durante los debates internos, Arriola Tueros nunca avisó que tenía una investigación fiscal.

Así, el viernes último fue uno de los once legisladores que votaron a favor del informe sobre “traición a la patria” contra Castillo. Esta situación puede afectar el debido proceso, según advirtió la misma presidenta de la SAC, Lady Camones.

Castillo ya fue citado para el miércoles

El presidente del Congreso, José Williams, ya citó para este miércoles 16 de noviembre, a las 9 a.m., al mandatario Pedro Castillo, a fin de que pueda ejercer su derecho a la defensa, en el proceso de acusación constitucional abierto por presunta “traición a la patria”, por las declaraciones vertidas en el canal CNN.

En el oficio cursado al presidente Castillo, el legislador Williams le informa que podría ser sancionado con la inhabilitación por cinco años, por supuestas infracciones constitucionales.

Resolución fiscal

José Arriola es investigado por la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción.

Investigación a José Arriola

Investigación a José Arriola

Abogado de Castillo solicita que todo regrese a la SAC

El último domingo 13, José Palomino Manchego, abogado de Pedro Castillo, señaló que mandó una solicitud a la Comisión Permanente para que se devuelva lo aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, luego que el último viernes se aprobara el informe final sobre la denuncia constitucional por presunta traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo.

Durante una entrevista en TV Perú, el letrado argumentó que dicha denuncia por traición a la patria no debería seguir, ya que se hizo vencido el plazo de legislatura ordinaria y porque Lady Camones, titular del grupo de trabajo, adelantó opinión con su voto a favor.

“Le pedimos dos veces (a Lady Camones) que se abstenga y por tal no tenía por qué votar. Ella adelantó juicio y por eso adjuntamos a la presente el medio donde ella adelantó juicio. Por lo tanto, no hay ética parlamentaria, ella debió de inhibirse; sin embargo, no lo hizo”, declaró.