Congreso aprueba retiro de la CTS
Política

El papel que jugaron AP y APP para aprobar el informe contra Pedro Castillo

Estaba previsto que las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País apoyen en bloque el expediente que recomienda inhabilitar al presidente. Camones, Soto y Arriola se sumaron a este bando para avanzar con la denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Los votos de Wilson Soto, Lady Camones y José Arriola, que se sumaron al final jugaron a favor de que se apruebe el informe final contra el presidente.
Los votos de Wilson Soto, Lady Camones y José Arriola, que se sumaron al final jugaron a favor de que se apruebe el informe final contra el presidente.

Este viernes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por cinco años de la función pública al presidente Pedro Castillo por traición a la patria. El expediente había sido sustentado el lunes pasado por el congresista Diego Bazán. El proyecto contaba con el aval de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

Pero con los votos de estas bancadas no bastaba. Estaba previsto que los votos de Acción Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Integridad y Desarrollo y Somos Perú iban a ser determinantes cuando la Subcomisión someta al voto el expediente.

La República había adelantado que la oposición contaba con 11 votos a favor. Al final, se movieron las fichas, pero sin alterar los resultados.

Cambio de fichas

Antes de votar el dictamen, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, oficializó los cambios en la conformación de esta comisión: ingresaron los congresistas Segundo Montalvo, de Perú Libre, y María Jon Tay, de Fuerza Popular, en reemplazo de Waldemar Cerrón y Martha Moyano, quienes, al tener procesos judiciales pendientes, están impedidod de integrar este grupo.

El ingreso de Montalvo y Jon Tay, sin embargo, solo era un cambio de nombres, pero no del sentido de los votos. Perú Libre está en contra de inhabilitar la mandatario y Fuerza Popular a favor.

Quedaban, no obstante, tres congresistas con el mismo problema - procesos judiciales sin resolver - que aún no habían sido reemplazados en la SAC: Rosío Torres, de APP; Norma Yarrow, de Avanza País y Óscar Zea, de Podemos Perú.

Camones los exhortó en la sesión de este viernes a abstenerse a participar, pues esto viciaría el proceso. El artículo 20 del reglamento del Congreso impide que parlamentarios procesados integren la Subcomisión y la Comisión de Ética. Y sucedió así. Torres, Yarrow y Zea pidieron licencia y se ausentaron del debate.

Yarrow iba a votar a favor del informe y Zea en contra. Torres estaba en duda. La inasistencia de Yarrow y Zea le restaba un voto a cada bando -la oposición y el oficialismo - y el marcador quedaba 10 a favor y 9 en contra de la denuncia contra el presidente.

A eso se suma que otro congresista pidió licencia: Hitler Saavedra, de Somos Perú. Saavedra apoya la vacancia presidencial de Castillo, pero en este caso se ausentó y evitó tomar responsabilidad sobre el expediente de traición a la patria.

Con ese panorama, solo quedaba pendiente que se decidan las congresistas Lady Camones, de APP, y Susel Paredes, de Integridad y Desarrollo. Camones y Paredes están a favor de la vacancia presidencial, por lo que no era descabellado que ambas apoyen inhabilitar al mandatario.

Sin embargo, antes que inicie la sesión, Paredes decidió votar en contra del informe. Con eso había un empate. La oposición vacadora solo podía contar el voto de una congresistas para sacar adelante su plan para inhabilitar a Castillo: Lady Camones.

La congresista de APP desde que inició su gestión como presidenta de la SAC evitó adelantar opinión en las denuncias contra el Jefe de Estado. Eso la llevó, incluso, a no firmar todavía la tercera moción de vacancia que trabaja su colega no agrupado Edward Málaga. Su argumento fue que suscribirse a ese documento iba a representar tomar postura sobre un caso que sigue en discusión en la Subcomision.

Camones presentará la próxima semana el informe de calificación de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente por organización criminal. Mientras no sustente el informe calificación, dijo la apepista en diversas oportunidades ante la prensa, no iba a pronunciarse.

Pero la situación ameritó que esta vez, en el caso de Castillo por supuesta traición a la patria, tome una postura. Y esta no podía ser la abstención.

Cuando el secretario técnico de la Subcomisión comenzó a llamar a los congresistas para que emitan su voto, Camones marcó en verde. Con eso la oposición - Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular - contaba con el respaldo de una representante de APP.

A los intereses de la oposición le salió a cuenta que Acción Popular cambie a los congresistas Ilich López, Jorge Flores y Darwin Espinoza, sindicados como “Los Niños”, e ingresen en su reemplazo sus correligionarios Luis Aragón, José Arriola y Wilson Soto.

Aragón, si bien votó en contra del proyecto de Bazán, sus colegas Arriola y Soto respaldaron la denuncia. Era inminente que Soto iba apoyarla, pues él fue el primer ponente en este caso. Pero esto no hubiera ocurrido si continuaban López, Flores y Espinoza, quienes usualmente votan en coro con el Gobierno. Con los nuevos representantes de AP en la Subcomisión, los aliados del fujimorismo encontraron otro grupo parlamentario con quien apoyarse.

El ingreso de Arriola y Soto, que cambió el sentido mayoritario del voto en Acción Popular, y la decisión de Camones, permitió que Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, no sean derrotados por las bancadas de izquierda y el oficialismo. Así llegaron a los 11 votos. El otro bando se quedó en 10. El informe final que recomienda inhabilitar al presidente recibió luz verde de la Subcomisión y deberá ser discutido en la Comisión Permanente del Congreso.

La votación final

La votación final

Bachiller en Ciencias de la Comunicación y egresado de la Maestría de Periodismo y Comunicación Multimedia. Siete años como cronista parlamentario.