Mirtha Vásquez es citada por la Comisión de Fiscalización por decreto de urgencia 102-2021
Grupo de trabajo también convocó para este viernes a la exviceministra del MVCS Elizabeth Añaños y al exsubsecretario presidencial Beder Camacho.
- Testigo del caso Odebrecht: ‘Cómo jode Abanto por la plata”
- Carlincatura expone cómo la Subcomisión de Acusaciones es usada favorecer aliados y para acusar a detractores del Congreso
La expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez fue citada para este viernes 14 por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso a raíz del decreto de urgencia 102-2021, con el que se habría beneficiado al entorno del presidente Pedro Castillo.
La convocatoria a Vásquez Chuquilin es debido a que firmó como primera ministra el referido decreto de urgencia. También estamparon su rúbrica el presidente Pedro Castillo y los exministros Pedro Francke (Economía y Finanzas) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Transportes y Comunicaciones).
A la sesión de la Comisión de Fiscalización, que inicia a las 9.00 a. m., también se espera la presencia de la exviceministra de Vivienda y Urbanismo Elizabeth Añaños, el exsubsecretario de Palacio Beder Camacho y Susy Díaz Huamán.
PUEDES VER: Fiscal Marita Barreto denuncia amenazas de muerte tras investigaciones contra Pedro Castillo
El grupo de trabajo que preside el fujimorista Héctor Ventura busca determinar las responsabilidades civiles, penales y políticas sobre los presuntos actos de corrupción en proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín. Según el Ministerio Público, las obras impulsadas por dichas comunas habrían sido direccionadas.
Acusación contra el presidente
A través de sus redes sociales, la exjefa del gabinete Mirtha Vásquez cuestionó el pedido de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, para que el Congreso interprete la Constitución en la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo.
“Difíciles momentos para el Perú. Los serios indicios de corrupción que degradan la función pública deben ser investigados decididamente, pero una denuncia constitucional que va contra la propia Constitución pone en duda los intereses indagatorios y colisiona con las reglas democráticas”, dijo Vásquez.
