Freddy Díaz: su suspensión avanza, pero no su desafuero

La Comisión de Ética del Congreso aprobó ayer, con 17 votos a favor, su informe final que recomienda suspender al congresista Freddy Díaz por 120 días sin goce de haberes.

A la conclusión que llega el expediente es que el exvocero alterno de Alianza para el Progreso (APP) vulneró el Código de Ética Parlamentaria al beber alcohol durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de julio y mantener relaciones sexuales –no consentidas, de acuerdo a la versión de la denunciante y la Fiscalía– en las instalaciones del Congreso.

El informe de este caso será visto en el próximo pleno y basta con la mayoría simple de votos a favor para darle luz verde.

Lentitud en el desafuero

El problema es que, si bien la suspensión está encaminada, el Congreso no avanza con el desafuero y, mientras no lo aprueben, el exvocero alterno de Alianza para el Progreso (APP) seguirá siendo congresista.

El 9 de agosto, parlamentarios del Partido Morado, Cambio Democrático, Avanza País e Integridad y Desarrollo presentaron una denuncia constitucional contra Díaz. La acusación recomienda un juicio político que lo inhabilite 10 años de la función pública.

El órgano encargado de revisar tal imputación es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que es dirigida, hasta el momento, por la apepista Rosío Torres. En esta legislatura, esta comisión parlamentaria no sesiona oficialmente porque sus integrantes todavía no definen quién será su nuevo presidente.

La Subcomisión no ha dado prioridad a este caso, pese a que es una denuncia grave que requiere medidas urgentes.

De tomar cartas en el asunto, la aprobación de la denuncia implica una serie de procesos.

Primero deberán aprobar el trámite de la denuncia, luego la Comisión Permanente le delega elaborar un informe final en un plazo de 15 días. No obstante, en la mayoría de casos, la redacción del expediente demora más tiempo. Esto se debe a que, en paralelo, deben elegir a un congresista ponente, quien será el autor de la resolución. Este legislador convocará a las partes involucradas a dar su versión. Y recién, con el testimonio de ambos, redacta y presenta el texto final para someterlo a votación en la SAC.

De aprobarse, el informe se delibera también en la Comisión Permanente, se vota y, de recibir el apoyo de la mayoría, es derivado al pleno del Congreso, donde finalmente se resuelve el desafuero.

Mientras no pase eso, lo hecho por Díaz seguirá impune.

Al respecto, la parlamentaria Flor Pablo, de la bancada de Integridad y Desarrollo, pidió priorizar una denuncia constitucional interpuesta contra el congresista Freddy Díaz, a fin de que se le desafuere del cargo y se le inhabilite para el ejercicio de la función pública.

La legisladora opinó que dicha sanción debe añadirse a la suspensión que hoy aprobó recomendar la Comisión de Ética Parlamentaria en contra del mencionado representante, a quien se le involucra en un caso de violación sexual registrado en la misma sede del Congreso.

“Esto no es suficiente”, señaló Pablo respecto a la suspensión por 120 días.

“Corresponde desafuero e inhabilitación”

La legisladora Flor Pablo consideró que en realidad a Freddy Díaz le “corresponde desafuero e inhabilitación”. Dijo que la gravedad de los hechos en los que se implica a Díaz debe dar pie a sanciones drásticas como las que se reclaman, más allá de la suspensión recomendada por la Comisión de Ética.

Flor señaló que hace unas semanas planteó una denuncia constitucional contra el referido legislador, a raíz de la acusación de una trabajadora del Congreso.