El Congreso avanza en la suspensión de Freddy Díaz, pero dilata su desafuero
Denunciado de violación. La Comisión de Ética aprobó un informe que recomienda suspender al congresista sin goce de haberes por 120 días. Sin embargo, mientras la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no inicie su desafuero, primará la impunidad.
La suspensión del congresista Freddy Díaz por 120 días será discutida en la próxima sesión del Pleno del Congreso. Así lo acordó la Junta de Portavoces bajo el argumento de respetar el debido proceso.
En un plazo de tres días, el parlamentario denunciado por violación a una de su extrabajadoras será notificado del informe final de la Comisión de Ética, que recomienda que abandone sus labores por cuatro meses sin goce de haberes.
Las conclusiones a las que llega se basa, como señala en su veredicto, al que tuvo acceso La República, en que el congresista Díaz vulneró el Código de Ética Parlamentaria, al beber alcohol durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de julio, y al mantener relaciones sexuales —no consentidas, de acuerdo a la versión de la denunciante y la Fiscalía— en las instalaciones del Congreso.
A eso se suma el hecho de que, cuando se conocía la imputación, el congresista no se puso a disposición del Ministerio Público de manera inmediata. Se desapareció cinco días. Además, el Ministerio de la Mujer informó que cuando convocaron a las partes involucradas a una entrevista en la cámara Gesell, Díaz no se presentó.
La Comisión de Ética, presidida por la accipopulista Karol Paredes, precisó, a través de su Secretaría Técnica, que no puede determinar si hubo o no violación sexual, pues eso se encuentra en investigación en el Ministerio Público. Sin embargo, su resolución ha podido sacar a relucir cómo él vulneró el Código de Ética del Parlamento y sus contradicciones.
Versiones que no cuadran
En sus declaraciones ante Ética, Díaz aseguró que en julio había culminado el periodo laboral de la víctima. Lo cierto es que el 1 de agosto, tres días después de ser denunciado de abuso sexual, solicitó, mediante el requerimiento de cese Nº 1135, el término de confianza de la trabajadora.
“Acción contradictoria con lo señalado por el denunciado en sus descargos, quien precisó que el contrato con la señorita terminó en el mes de julio, hecho que no se ajustaría a la verdad, porque el personal de confianza contratado por el Congreso cesa al requerimiento de cada parlamentario”, puntualizó el dictamen de Ética.
Otra contradicción es cuando declaró el 22 de agosto que las instalaciones del Edificio José Faustino Sánchez Carrión, del Centro de Lima, fueron utilizadas solamente para ingerir alcohol. La abogada del legislador, en una entrevista realizada en Canal N, por el periodista Jaime Chincha, recuerda la resolución de Ética e indicó que las relaciones no se habrían realizado el día de los hechos denunciados.
Lo que le espera
Por estos motivos, 17 congresistas de la comisión de Paredes aprobaron el informe. Nadie se opuso. Será visto en el próximo Pleno y basta con la mayoría simple de votos para suspender a Díaz.
El problema es que el Congreso no avanza con el desafuero y mientras no lo aprueben, el exvocero alterno de Alianza Para el Progreso (APP) seguirá siendo congresista. El 9 de agosto, parlamentarios del Partido Morado, Cambio Democrático, Avanza País e Integridad y Desarrollo, presentaron una denuncia constitucional contra él. La acusación recomienda un juicio político que lo inhabilite 10 años de la función pública.
El órgano encargado de revisar tal imputación es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que actualmente es presidida por la apepista Rosío Torres. En esta legislatura, este grupo parlamentario aún no sesiona oficialmente. Existe en la interna la disyuntiva sobre quién la dirigirá para este periodo. Fuentes del Parlamento comentaron que posiblemente quede en manos de Acción Popular o de Alianza Para el Progreso.
Este diario buscó comunicarse con Torres para consultarle sobre esta lentitud, pero, al cierre de esta nota, no respondió nuestras comunicaciones.
En tanto elijan a su presidente, la Subcomisión no verá la denuncia contra Díaz. El proceso es largo. Primero deberán aprobar el trámite de la denuncia, luego la Comisión Permanente le delega elaborar un informe final en un plazo de 15 días. No obstante, en la mayoría de casos la redacción del expediente demora más tiempo.
Esto se debe a que, antes, deben elegir a un congresista ponente, quien será el autor de la resolución. Este legislador deberá convocar a las partes inmersas a dar su versión. Una vez culminado ese proceso, recién presenta el texto final para someterlo a votación.
Posteriormente, el informe se delibera en la Comisión de Permanente, se vota, y, en el mejor de los casos, si se aprueba, es derivado al pleno del Congreso, donde finalmente se vota el desafuero o la inhabilitación.
Mientras no pase a eso, Díaz continúa impune y conservando el cargo.
