CIDH analiza los permanentes ataques políticos contra el sistema de justicia en el Perú

La elección sin transparencia de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ),  los ataques permanentes del Congreso contra los jueces y fiscales, y la promulgación de normas graves como la ley de impunidad para los violadores de derechos humanos fueron reportados esta semana por la sociedad civil peruana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta instancia supranacional contempló dos audiencias específicas para analizar el impacto de la ley de impunidad 32017 promovida por el fujimorismo en el Congreso y la elección de la JNJ, en el periodo de sesiones 191 que se realizó en Washington (Estados Unidos).

En ambas audiencias, las delegaciones peruanas instaron a los comisionados de la CIDH a incluir a Perú en el capítulo 4B del informe anual, debido al debilitamiento de la democracia y el sistema de justicia, con el consecuente impacto negativo en los derechos humanos.

Elección viciada de la JNJ

En una de las audiencias, Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), dio cuenta de la elección sin transparencia de la JNJ. Informó además sobre el ataque del Congreso contra los actuales magistrados, dos de los cuales fueron destituidos arbitrariamente, sin que haya una condena de la Defensoría.

Al contrario, según recordó, el defensor Josué Gutiérrez presentó un proyecto de ley para debilitar más a la JNJ, con la propuesta para que asuman como magistrados quienes sacaron los más bajos puntajes en el concurso.

Por su parte, el diplomático norteamericano Stephen McFarland, miembro de la Misión Internacional de Observación (MIO), incidió en la falta de transparencia en todas las etapas del proceso de elección de la JNJ.

Yuri Martínez, vicedecana del Colegio de Abogados de Ayacucho, advirtió que esta y otras deficiencias en el proceso de elección de la nueva JNJ no garantizan independencia en el sistema judicial y fiscal.

Ataques contra la justicia

En la audiencia realizada el viernes, también intervino la jueza superior peruana Antonia Saquicuray, quien alertó que “en este contexto de crisis institucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la JNJ vienen siendo particular y progresivamente debilitados, con un marco normativo acorde a intereses de un sector del Congreso y grupos de poder”.

Al entrar el detalles, la jueza hizo referencia a la ley 32153, que modifica el Código Procesal Constitucional y limita a los jueces para ejercer control constitucional frente a las arbitrariedades de los parlamentarios.

“Muchos operadores de justicia son objeto de amenazas y denuncias por su actuación independiente, al investigar y llevar a juicio a expresidentes, políticos y autoridades por presuntos delitos de corrupción”, relató Saquicuray.

Ley de impunidad

En la segunda audiencia del viernes, la CIDH analizó la ley de impunidad 32107, que promovió el fujimorismo a través de Fernando Rospigliosi.

Organizaciones como Aprodeh y CEJIL alertaron que al menos 19 procesos en etapa de juicio oral o con sentencia condenatoria y 16 investigaciones podrían verse afectados con la ley de impunidad.

Rosa Luz Pallqui, viuda de Jaime Ayala, relató que los jueces que dictaron sentencia por el secuestro y crimen de su esposo ahora son amenazados.

Las organizaciones peruanas demandaron una postura firme de la CIDH frente al Estado peruano que incumple de manera abierta sus deberes internacionales.