Ministra Pérez de Cuéllar: “La mafia no solo operó en Fondo Mivivienda, alcanzó el Programa de Saneamiento"
La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento aseguró que más de 400.000 familias se perjudicarán tras descubrir indicios de corrupción en el proyecto de agua potable y desagüe en Piura.
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Hania Pérez de Cuéllar, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, reveló que ha encontrado indicios de que la presunta organización criminal enquistada en su cartera, durante la gestión de Geiner Alvarado y su jefe de gabinete Salatiel Marrufo, también operaba en una obra del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU): el proyecto de agua potable y alcantarillado para 96 asentamientos humanos en Piura y Castilla. “Este es el programa que mayor presupuesto tiene; por lo tanto, todo indicaría que es parte del botín que la presunta organización criminal, que operó en el Ministerio, también la tomó”, dijo.
“Estamos determinando finalmente cuál ha sido el mecanismo, y lo que hemos descubierto es que se conformaron comités de selección con personas del propio Ministerio, pero algunas de ellas no cumplían los requisitos que estipula la ley, como el tener declaración jurada de intereses”, explicó la ministra.
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Con respecto al proyecto, que tiene un valor de 561,7 millones de soles, Pérez de Cuéllar precisó que han encontrado indicios sobre irregularidades; “una de ellas es que no se integraron correctamente las bases”. Es decir, “no se transparentó toda la información para que los demás postores o que todos los postores tuviesen acceso a toda la información”, aclaró.
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“Si tú no integraste las bases correctamente y no subiste la información completa, lo que se deduce es que no la diste a todos por igual, pero sí la direccionaste ¿a quién se habría favorecido? Eso lo tiene que determinar la fiscalía”, detalló la titular de Vivienda.
Es así que tres integrantes del Comité de Selección del PNSU han sido sindicados de haber orientado el contrato a favor de la empresa Tiesiju y fueron separados de sus cargos hasta que duren las investigaciones. Ellos fueron designados en la gestión de Geiner Alvarado y son Liz Vargas Cárdenas, presidenta del comité; Franklin Santos Soto, primer miembro; y Humberto Flores Albornoz, segundo integrante.
Intervención del PNSU
El Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Corrupción intervino las instalaciones del PNSU y, de acuerdo a la ministra, “se han incautado 15 computadoras de las oficinas de contrataciones, de obras, de informática y contabilidad, han participado dos fiscales y ocho miembros de la policía anticorrupción”.
Los perjudicados
Pérez de Cuéllar aseveró que “las obras que están insertas en procesos de corrupción, normalmente no se concluyen”. “Este proyecto iba a beneficiar a más de 440.000 personas que viven en 96 asentamientos humanos, estamos hablando de población vulnerable”, agregó.
“Lamentablemente, esa es la población que se ha visto afectada y si este proyecto no se logra salvar y reencaminar hacia una dirección de transparencia, estaríamos afectando a más de 400.000 personas de Piura y Castilla que vienen reclamando desde hace 15 años y que actualmente está enfrentando una situación sanitaria tremenda”, finalizó.
