Roberto Pereira: “Es una reacción hepática de los congresistas ante el periodismo que cuestiona su labor”

El abogado penalista Roberto Pereira explica el peligro que encierra la pretensión del Congreso de elevar a cuatro años la pena por el delito de difamación. Advierte que lo que se esconde detrás de este proyecto es la reacción de los legisladores frente al periodismo que expone y pone en cuestión su desempeño.

—¿Cuál es el peligro real si se llegara a elevar a cuatro años de cárcel el delito de difamación?

—Este es un intento más del Congreso de degradar el marco normativo de la libertad de expresión. Se pretende incrementar el marco de pena del delito de difamación, que está en un potencial conflicto con la libertad de expresión porque sanciona contenidos que se difunden por medios de comunicación y que podrían afectar el honor de las personas. Hoy el marco de pena ronda entre uno a tres años de pena privativa de libertad que es suspendida.

—Sin cárcel efectiva.

—Aunque un juez podría disponer la cárcel efectiva porque la suspensión es una facultad. Hay que recordar que la versión original del proyecto que se ve en el Congreso planteaba elevar la pena a cinco años, con lo cual ahí sí no había posibilidad…

—De evadir la cárcel en caso de una sentencia condenatoria.

—Así es. Se bajó a cuatro años, pero está el peligro de que un juez interprete que la sanción no merece ser suspendida. El mensaje del Congreso es amedrentar a la prensa elevando el marco punitivo de privación de libertad. Y no hay justificación. El proyecto menciona la necesidad de proteger el honor de las personas en general, pero no existe dato empírico que acredite que ese honor se encuentra desprotegido. Lo que sí existe es una referencia concreta a los medios de comunicación. Han apoyado este proyecto Acción Popular con ‘Los Niños’, Perú Libre, Alianza para el Progreso y un sector de Renovación Popular. Es una reacción hepática de los congresistas ante el periodismo que cuestiona su labor.

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—La tendencia en la región es a despenalizar el delito contra el honor, ¿correcto?

—Esa es la tendencia. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado por la despenalización, lo mismo las organizaciones internacionales que defienden la libertad de expresión. Y en 2019, por primera vez, la Corte IDH ha dicho que recurrir al derecho penal para sancionar eventuales discursos que recaen en asuntos de interés público es contrario a la libertad de expresión por los efectos que produce y a la Convención Interamericana.

—¿Y debería despenalizarse entonces?

—Yo creo que una fórmula intermedia puede ser mantener el derecho penal para los casos más graves, por su efecto simbólico, pero quitando la pena privativa de libertad. Se podría, por ejemplo, sancionar con multas o servicios comunitarios, de ser el caso. Eso podría ir amarrado a una regulación que le dé mucho más espacio al derecho de rectificación. Si alguien emite un reportaje con hechos que no son verdaderos y la persona afectada así lo acredita…

—El periodista tendría que rectificarse.

—Exacto. Y ahí muere el tema. Ya no hay posibilidad de perseguir penalmente. Y también está el derecho civil, que puede ser usado, aunque hay que regularlo, porque con una indemnización millonaria puedes hacer quebrar a un medio de comunicación o a una persona natural. Y también me parece que los mecanismos de autorregulación deberían ser más promovidos, reforzados.

—¿Autorregulación de los medios?

—Así es. Tengo la impresión de que estos mecanismos de autorregulación no se encuentran lo suficientemente difundidos, o no son conocidos por la gente para que sean los propios medios los que puedan ir corrigiendo estas cosas en el camino. Me parece que este es un mejor camino que el blanco o negro, si despenalizo o no.

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—Si se aprobara la segunda votación, ¿el Ejecutivo debería observar la ley?

—El Congreso debería recapacitar. Pero, si no ocurriera, el Ejecutivo tiene una excelente oportunidad para observar la ley y marcar su posición frente a la libertad de expresión, en un momento, además, en que se está cuestionando la vocación del Gobierno por los derechos humanos. Y, si no lo hiciera y la norma entrara en vigencia, sería un buen caso para que instituciones, como la Defensoría del Pueblo, planteen una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y le pidan evaluar el tema, que haga un control de convencionalidad.

—Entiendo la lógica jurídica. Sin embargo, creo que la realidad política no es la más favorable. ¿Ve al Gobierno llevándole la contraria al Congreso? Posiblemente ocurra en este caso puntual, aunque también hay motivos para creer que no ocurrirá. Lo mismo con la Defensoría del Pueblo. El Legislativo quiere nombrar a un nuevo defensor. ¿Se opondrá a quienes lo coloquen en el cargo?

—En efecto, los datos de la realpolitik que plantea son variables importantes a considerar. Incluso podemos ir más allá. ¿Qué pasa si el tema llega al TC, que ha tenido pronunciamientos bastante discutibles en asuntos que tienen que ver con el Congreso?

—Este es un TC que ha sido favorable al Congreso.

—Pero, bueno, algún colegio profesional podría interponer la demanda de inconstitucionalidad, o se podrían recabar firmas de ciudadanos. Es un poco más complicado, pero sería la opción que quedaría.

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—Si los mecanismos internos no funcionaran, ¿quedarían los externos?

—Finalmente, si los mecanismos internos no funcionan, podría llevarse este caso a sede internacional y sería una buena oportunidad para que la Corte IDH regrese sobre su criterio jurisprudencial y, de pronto, consolidarlo.