Jorge Jáuregui: “El proyecto de la congresista Amuruz es un ataque directo al sistema democrático”

Un sector del Congreso de ultraderecha pretende descabezar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Jurado Nacional de Elecciones con la excusa de garantizar mayor “confianza” de cara a lo que serán las elecciones generales adelantadas del 2024. El experto en derecho electoral Jorge Jáuregui analiza esta arremetida.

—Hay una nueva arremetida contra los organismos electorales, en concreto el JNE y la ONPE. ¿Es viable, legalmente hablando, recortar los mandatos de quienes los dirigen?

—Es absolutamente inviable porque entra en colisión directa con la lógica del régimen democrático. La Constitución vigente garantiza un Estado democrático de derecho y para eso es indispensable garantizar la autonomía de los organismos electorales, de cualquier tipo de presión que pudiera provenir del Ejecutivo, Legislativo. Es inconstitucional. Fuera de que no existe el tiempo para poder votar este tipo de decisiones que requieren una reforma constitucional, lo de fondo es que el proyecto de la congresista Amuruz es un ataque directo al régimen democrático, porque afecta su punto de partida, que es elegir una representación legítima en procesos libres, competitivos y justos, con autoridades (electorales) que no estén sujetas a presión o control por parte de los poderes políticos o fácticos.

—Aparte, el proyecto es muy pobre. No da razones, solo habla de ofrecer más confianza.

—El proyecto es absolutamente absurdo. Se inserta en un permanente y sistemático ataque al jefe de la ONPE y al presidente del JNE...

—Porque no les gustaron los resultados electorales. Parece más un tema personal, de revancha política, ¿no?

—Es bastante más que eso. Estamos ante una práctica que, hoy, es la mayor amenaza global al régimen democrático. Se conoce como el “trumpismo”, es decir grupos de extrema derecha que no logran ganar elecciones y atacan sistemáticamente a los organismos electorales, a los resultados, y pretenden montar una narrativa de fraude. En el Perú no hubo fraude. El problema es que estamos ante el conflicto político más grave que el país ha tenido en los últimos 30 años, que ha cobrado la vida de 28 personas asesinadas, y todavía no tenemos información de lo que ocurrió. En ese contexto, las nuevas elecciones son el escenario idóneo para canalizar ese conflicto, pero, para ello, se necesita que el Estado garantice elecciones competitivas y libres, con organismos electorales autónomos que no estén bajo la presión constante del Parlamento. Quienes no ganan elecciones en el Perú desarrollan la teoría del fraude. Eso se llama “trumpismo” y es nefasto para la democracia.

—Aparte, si prosperara el proyecto, quienes llegarían a dirigir la ONPE y el JNE deberían esa responsabilidad, indirectamente al menos, a los partidos en el Congreso. Eso sí afectaría la confianza del proceso.

—Y, de modo general, todos los organismos electorales van a quedar amedrentados, en el sentido de que no pueden actuar con absoluta independencia, sino dentro de los parámetros de estos grupos extremistas que están barriendo completamente el orden institucional en el Perú. El problema institucional actual no se genera solo con el pésimo presidente que fue Pedro Castillo. Viene del 2016 cuando un presidente constitucional (Pedro Pablo Kuczynski) fue barrido por una mayoría parlamentaria. A partir de ahí, se ha demolido el sistema de representación. Se necesita una vigilancia ciudadana y que el Ejecutivo establezca un contrapeso a estas bancadas...

—Dudo que el Ejecutivo haga un contrapeso.

—Más allá de lo que dice, la vigilancia ciudadana para las elecciones es indispensable.

—Se ha hablado mucho de reformas previas a las elecciones, pero si por eso se entiende a proyectos sin sentido como este, vamos fritos, ¿qué piensa?

—No podemos seguir con un sistema presidencialista parlamentarizado, que es un desastre para nuestro equilibrio de poderes. Tenemos que migrar a un modelo de presidencialismo equilibrado. Pero esto requiere un periodo de reflexión, no solo para que las bancadas se pongan de acuerdo. También para que les expliquen a los ciudadanos en qué consisten esas reformas, de manera que se sientan parte del proceso.

—Eso uno. Luego, es un Congreso deslegitimado.

—Es un Parlamento que no supera el 10% del respaldo ciudadano y que, a mi juicio, ha incurrido sistemáticamente en posiciones autoritarias. Dicho esto, hay una reforma que es muy buena en la que el Parlamento debería concentrarse: las elecciones primarias, que ya se encuentran establecidas y son ese filtro para no tener candidaturas tan malas. Nunca se ha aplicado en el Perú, pero el diseño es sustantivamente mejor que el modelo actual. Hay otra reforma que establece umbrales mínimos de participación de los partidos, que está en la ley. Más que una reforma, tendríamos que ir a cumplir esos parámetros, porque el Congreso, como se ha venido comportando, es más probable que encuentre una ventana de oportunidad para hacer cambios que podrían ser funcionales a sus propios intereses...

—Pero no a los intereses de los ciudadanos.

—No de los ciudadanos.

—El asunto es que la palabra “primarias” casi no se escucha. Van contra la ONPE y el JNE, o quieren reinstaurar la reelección. No digo que sea malo reelegir. El punto es que empezar por ahí da que pensar.

—Es un acto de provocación. Tenemos el problema político más intenso de los últimos años y que este Parlamento pretenda cambiar la Constitución para establecer el Senado... En fin, es un acto de provocación a la ciudadanía que les pide que se vayan mañana.