Congreso: Comisión Permanente votará el 11 de enero denuncia constitucional contra Pedro Castillo
Se debatirá el informe final dispuesto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que incluye en el presunto ilícito a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.
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Programación. A las 11.00 a. m. del próximo miércoles 11 de enero, la Comisión Permanente del Congreso someterá a votación el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por los supuestos delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y tráfico de influencias agravado. El documento fue elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que preside Lady Camones, la vacada presidenta del Parlamento que sucedió a María del Carmen Alva. La congresista de Alianza para el Progreso (APP) precisó que la indagación también comprende a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado. De ser aprobada, la siguiente parada será en el Pleno.
Denuncias demoradas o archivadas por recomendación de la SAC
Camones comentó que todavía no se determina el día para evaluar las denuncias 209 y 231 contra la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera.
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Por otro lado, la SAC declaró improcedente seis denuncias constitucionales por “no cumplir los requisitos exigidos”. Por ejemplo, la formulada contra el contralor general de la República, Nelson Shack, debido a los presuntos ilícitos del ejercicio ilegal de la profesión, nombramiento o aceptación ilegal y falsedad ideológica.
Otro caso es el de la denuncia contra Henry José Ávila Herrera, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales.
También se advirtió la impertinencia de la acusación contra los exmagistrados del Tribunal Constitucional Ernesto Blume Fortini, José Luis Sardón Taboada, Manuel Miranda Canales y Augusto Ferrero Costa, así como de Francisco Morales Saravia, por la hipotética comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. En la mayoría de los casos referidos, la SAC argumentó que los denunciantes no son directamente afectados.
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