Congreso: Comisión Permanente votará el 11 de enero denuncia constitucional contra Pedro Castillo
Se debatirá el informe final dispuesto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que incluye en el presunto ilícito a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.
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Programación. A las 11.00 a. m. del próximo miércoles 11 de enero, la Comisión Permanente del Congreso someterá a votación el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por los supuestos delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y tráfico de influencias agravado. El documento fue elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que preside Lady Camones, la vacada presidenta del Parlamento que sucedió a María del Carmen Alva. La congresista de Alianza para el Progreso (APP) precisó que la indagación también comprende a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado. De ser aprobada, la siguiente parada será en el Pleno.
Denuncias demoradas o archivadas por recomendación de la SAC
Camones comentó que todavía no se determina el día para evaluar las denuncias 209 y 231 contra la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera.
Por otro lado, la SAC declaró improcedente seis denuncias constitucionales por “no cumplir los requisitos exigidos”. Por ejemplo, la formulada contra el contralor general de la República, Nelson Shack, debido a los presuntos ilícitos del ejercicio ilegal de la profesión, nombramiento o aceptación ilegal y falsedad ideológica.
Otro caso es el de la denuncia contra Henry José Ávila Herrera, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales.
También se advirtió la impertinencia de la acusación contra los exmagistrados del Tribunal Constitucional Ernesto Blume Fortini, José Luis Sardón Taboada, Manuel Miranda Canales y Augusto Ferrero Costa, así como de Francisco Morales Saravia, por la hipotética comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. En la mayoría de los casos referidos, la SAC argumentó que los denunciantes no son directamente afectados.
