Política

Puente Tarata: MTC anula contrato de supervisión de la obra por irregularidades

Resolución que anula contrato también dispone proceso sancionador ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Actualmente Juan Silva Villegas tiene una orden de detención preliminar en su contra en el marco de las investigaciones por el Caso Puente Tarata III. Foto: MTC
Actualmente Juan Silva Villegas tiene una orden de detención preliminar en su contra en el marco de las investigaciones por el Caso Puente Tarata III. Foto: MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado), declaró la nulidad del contrato de servicio de supervisión de la obra de Construcción del Puente Tarata, uno de los casos de presunta corrupción que llevó a la fiscal de la Nación a presentar una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Geiner Alvarado y Juan Silva.

Así lo dispone la resolución directoral 0001-2023-MTC/21, documento suscrito por el director ejecutivo de Provías Descentralizado, Alexis Carranza. De esta manera, quedó sin efecto el contrato 056-2021-MTC/21, que ascendía a un monto de S/.14.451 millones.

La resolución directoral también dispone el inicio de un procedimiento administrativo sancionador ante el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para que esta instancia “determine las infracciones y sanciones administrativas que correspondan contra quienes resulten responsables”.

Irregularidades en contrato de supervisión del Puente Tarata

En el comunicado del MTC, la anulación del contrato de supervisión del Puente Tarata obedece a un informe de la Contraloría que evidenció que “consorcio ganador presentó de manera incompleta los documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato”.

“El consorcio no presentó documentación que permitía validar la experiencia profesional del personal extranjero, a fin de poder ejercer la profesión dentro del territorio nacional, en concordancia con la normativa que regula el ejercicio profesional en el Perú; y no se habría cumplido con presentar la declaración jurada respecto al consorcio adjudicado sobre si los representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, sanción administrativa o en proceso, como parte de la totalidad de los documentos exigidos por las Bases Integradas respectivas”, se lee en el texto.

El órgano de control también detectó que el consorcio supervisor del Puente Tarata consignó un domicilio falso en Tocache para acogerse a los beneficios que establece la Ley de la Amazonía.