Cáceres Llica: las investigaciones a un año de su captura

La mañana del 23 de octubre del 2021, Arequipa despertaba con la imagen de su gobernador Elmer Cáceres Llica, totalmente desdibujada. Perplejo, despeinado y ante un grupo de policías y fiscales. Esa madrugada lo detuvieron en su domicilio antes de que pudiera escapar. El megaoperativo, conformado por 120 policías y 43 fiscales, dio un golpe letal contra la presunta red criminal bautizada como “Los Hijos del Cóndor”, cuyo líder era Cáceres.

Un despliegue pocas veces visto, 40 inmuebles allanados y la disposición de detener a 11 involucrados, que integrarían la organización delictiva que actuaba detrás del telón del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

No todo empezó así, recuerda el fiscal provincial anticorrupción, Arturo Valencia Paiva en su despacho, un año después. Solo un grupo muy reducido de personas seguía los pasos de Cáceres y funcionarios públicos acusados de captar mediante dádivas, favores, mantenimientos y hasta la promesa de terrenos del Estado, a varios integrantes del Consejo Regional de Arequipa (CRA). A contraparte, no debían fiscalizar, más bien viabilizar todo lo que solicitara la gestión de Cáceres.

A parte de Valencia y la denunciante de presuntos actos de corrupción, solo tres agentes policiales, conocían de los hechos. “Era algo grave desde el comienzo, no había muchos elementos. Fui el único fiscal que tomó conocimiento del problema y a medida que se iban verificando los hechos se hacía una necesidad de tener un agente especial”, sostiene.

Sin Samanta Miranda Tijeros, nadie se hubiera podido infiltrar al círculo de confianza del suspendido gobernador. Ni grabar conversaciones o dar cuenta de sus pasos y la presunta entrega de sobornos, desde botellas de licor hasta dinero. “Tú puedes proponer, pero al final es una decisión voluntaria. La agente especial salió casi como una necesidad. Si queríamos avanzar no se podría de otra manera”, indica el magistrado.

Samanta Miranda consiguió más de cien audios que son parte fundamental de la investigación en la etapa preparatoria.

Esto durante el 28 de enero del 2020 hasta el 25 de octubre del 2021, días antes de que se desbaratara la red. Un año y nueve meses en total. Consiguió 104 grabaciones que ya fueron transcritas y hay un grupo más por revisar y analizar. Además de cerca de 71 videos que son parte de las pruebas que llevaron a Cáceres y otros involucrados a purgar prisión de manera preventiva. Son 21 investigados.

La máxima autoridad (que ha sido suspendido en el cargo) estará en Socabaya hasta noviembre del 2024. También cumplen encarcelamiento, los exgerentes de Autodema, Napoleón Ocsa y Marcelo Córdova, la suspendida consejera regional Jeymi Flores Quicaño y el dirigente de Pampas Bayas, Mario Jacobo Jacobo. El único prófugo es el expresidente del CRA 2021, Santiago Neyra Almenara, para quien recientemente se pidió prisión preventiva por 36 meses.

- ¿La investigación a un año del operativo es firme?

Fiscal Valencia Paiva: Las imputaciones son firmes, pero como toda investigación hay que fortalecerla y mejorarla en la medida que se van corroborando los actos. La imputación es una hipótesis y a medida que avanza hay cambios. Se involucran otras personas, se conocen nuevos hechos, no necesariamente lo que se presentó al inicio va ser lo que se presente al final.

- ¿Qué avances hay en las diligencias?

Al próximo año (2023) pienso tener todo listo. El levantamiento del secreto de comunicaciones, la autentificación de voces con un perito fonético, aunque nadie negó que sea su voz en los audios. Además de los análisis de un perito informático para la integridad de la cadena de custodia de las grabaciones.

- ¿Es posible pedir ampliación si no se cumple esa meta?

Es posible una ampliación, pero no queremos llegar a ese extremo. Quiero terminar el próximo año, que termine esto y que se sepa qué ocurrió en realidad. No es conveniente ampliaciones, ni para Elmer Cáceres, ni para ningún caso.

A la fecha, el Ministerio Público analiza sumar un colaborador eficaz a los tres ya existentes. Están en tratativas. En tanto, Valencia Paiva tiene el apoyo de dos fiscales para las diversas diligencias. Muestra preocupación ante la tardanza del levantamiento del secreto de las comunicaciones de todos los involucrados. Por el momento no hay una ampliación de investigados. “El que mucho abarca, poco aprieta”, lanza. Valencia quiere enfocarse en lo que se tiene y debe haber más implicados para evaluar si siguen otra investigación.

Días atrás, terminó un maratón de largas sesiones con la agente especial, abogados de los acusados, para corroborar lo que señalan los audios, a quién está dirigido, cuánto duró la llamada, el lugar dónde se habría efectuado y otros detalles.

Anteriormente han existido cuestionamientos al material, señalándose que han sido dirigidos o editados. “Estamos recibiendo la manifestación del testigo protegido respecto a cada uno de los audios y ya hemos avanzado un 25% que se ha corroborado”, explicó. En noviembre continuarán con estas diligencias.

- ¿Cuál es la situación de la agente especial?

Está con medidas de protección, cambio de domicilio.

- ¿Su vida se restablecerá terminando la investigación preparatoria?

No podría decirle porque su participación no acaba cuando terminemos de tomarles sus declaraciones a nivel preparatorio. El tema no es esto nada más porque va a ver un juicio. Es una cuestión difícil y todavía tiene temor y por eso estamos ahí con la protección.