El fiscal de la Nación denunció al magistrado por presuntamente recibir una coima del ex alcalde Roberto Torres. Cruz ahora integra grupo especial del Minjus., El ex magistrado del Tribunal Constitucional, Gerardo Eto Cruz, fue nombrado por el Ministerio de Justicia y Derechos en una comisión especial que se encargará de evaluar propuestas para reformar el Código Procesal Constitucional. PUEDES VER: Proponen que docentes universitarios mayores de 70 años sigan educando Su inclusión a la función pública quedó consignada en una resolución del diario oficial “El Peruano” que apareció el último viernes. A la luz del nombramiento, la controversia aparece por la denuncia por corrupción que tuvo el magistrado. El fiscal de la Nación Pablo Sánchez encontró suficientes indicios para llevar a juicio a Eto Cruz por el delito de cohecho. Según declaró un colaborador eficaz, el ex magistrado habría recibido presuntamente 80 mil dólares del ex alcalde de Chiclayo Roberto Torres, para apoyarlo en un proceso judicial. La denuncia fue trasladada al Congreso de la República el 7 de diciembre del 2015 para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales proceda por sus atribuciones, al ser Gerardo Eto un alto funcionario. El levantamiento de la inmunidad del magistrado era necesario para poder ser denunciado en el Poder Judicial; sin embargo, el proceso quedó archivado por el grupo en mención que también integraba la actual ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. La acusación del colaborador eficaz N° 014-2014 contra Eto Cruz señala que el ex burgomaestre de Trujillo se contactó con una persona llamada Artemio para que pueda tener enlace con el ex miembro del Tribunal Constitucional. “(Roberto Torres) se contacta con una persona llamada Artemio, y esta persona lo contacta con Gerardo Eto Cruz. (...) El alcalde Torres nos dijo que le había dado a Artemio US$ 80,000 para Eto Cruz, yo solo vi cuando le entregó un maletín con dinero a Artemio; no conté el dinero", señala la declaración del colaborador. Este nuevo cuestionamiento aparece cuando la presencia de Alfredo Jalilie, exviceministro de Haciendo del régimen fujimorista, generó controversia en el Gobierno. El funcionario fue condenado a 4 años de prisión por el delito de corrupción y ahora colabora con el equipo que reforma el Seguro Integral de Salud (SIS).