Ministro de Interior puso en manos del Congreso la permanencia de la Onagi. Reconoció su responsabilidad política en denuncias contra la gestión de Dacia Escalante. En tanto, ministras de Salud y Trabajo afirmaron que contratos de médicos cubanos se deben a un convenio internacional. Polémica,Rocío Maldonado y Patricia Hoyos Un día de interpelaciones se vivió ayer en el Congreso de la República. Por la mañana, las ministras de Salud, Midori de Habich, y de Trabajo, Ana Jara, respondieron un pliego de 27 preguntas sobre la “contratación” de 48 médicos cubanos; mientras que por la tarde, el ministro del Interior, Walter Albán, contestó 20 interrogantes referidas a las denuncias de irregularidades en la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi). La evidente ausencia de los parlamentarios de oposición, impulsores de las interpelaciones, dejó entrever un cierto desinterés por la presencia de los ministros en el Legislativo, principalmente del titular del Interior. En la víspera de su presentación, la renuncia de Dacia Escalante a la Onagi habría dejado a la oposición sin su principal motivo de cuestionamiento. Ante un hemiciclo que apenas logró un quórum de 35 congresistas, el ministro del Interior, Walter Albán, hizo un mea culpa ante las denuncias contra la ex jefa de la Onagi por presunto uso político de los gobernadores, así como el supuesto cobro irregular de vacaciones truncas, entre otras. Con un discurso ya elaborado, Albán reconoció haber tenido responsabilidad política y de supervisión en los hechos ocurridos en la mencionada institución. En ese sentido, admitió que en su momento un grupo de gobernadores, entre ellos Escalante, asistieron a la celebración tras el fallo de La Haya en Palacio de Gobierno, pero aseguró que se hizo un llamado de atención a los funcionarios. Asimismo, reconoció que el 40% de gobernadores del país están adscritos al Partido Nacionalista Peruano. Ante esta situación, el ministro mostró su disposición de revocar algunas funciones de la Onagi para evitar cuestionamientos sobre un presunto uso indebido del presupuesto, que, según refirió, este año asciende a S/. 84 millones, habiéndose realizado un incremento del 10% a comparación del 2013. "En los próximos días mi despacho promoverá varias reformas normativas que tiendan a resolver en el más breve plazo varios de los actuales problemas advertidos en el funcionamiento de esta entidad, como ocurre por ejemplo con las promociones comerciales", sostuvo. En esa línea, el titular del Interior instó a los parlamentarios presentes a apoyar la reforma o, en todo caso, decidir acerca de la permanencia de la Onagi. "Creo que corresponde al Congreso de la República desarrollar un debate en torno a la conveniencia de mantener esta institución (Onagi) para beneficio de los ciudadanos", manifestó. Iniciado el debate, algunos congresistas de las bancadas de Acción Popular, Unión Regional y Solidaridad Nacional se mostraron a favor de realizar una reforma que revoque ciertas funciones a los gobernadores, principalmente la entrega de bienes en el caso de rifas o sorteos. En tanto, los legisladores de Fuerza Popular y Concertación Parlamentaria denunciaron que se cometió un robo en la institución, por lo que exigieron su eliminación. MÉDICOS CUBANOS Por la mañana, la ministra de Salud, Midori de Habich, aclaró que la cuestionada presencia de los profesionales cubanos no es consecuencia de un contrato laboral, sino que deriva del Convenio Básico de Cooperación Técnica entre Perú y Cuba, suscrito en 1999 y que está vigente. Precisó que los médicos, que tienen una asignación de S/. 5 mil mensuales, son especialistas con 15 años de experiencia que –subrayó– no brindan consultas médicas ni intervenciones quirúrgicas, pues su presencia se limita a la asistencia y capacitación. A su turno, Jara Velásquez insistió en que la presencia de los cubanos tampoco se enmarca en alguna de las modalidades de contratos laborales vigentes en la legislación peruana. "Por tanto, no les alcanza ningún beneficio de carácter laboral. No tienen un contrato de trabajo con el Estado peruano", recalcó Jara. Sin embargo, fue la posible infiltración de "ideologías" lo que encendió el debate en un hemiciclo donde poco menos de 40 legisladores escuchaban a las ministras. "No queremos la importación de ideologías extremistas", exigió Luz Salgado (FP; en tanto que Rosa Mavila (AP-FA) calificó de "macartismo simplón" el rechazo a los galenos y cuestionó que quienes rechazan "infiltración ideológica" no han podido fundamentar los beneficios del liberalismo. Su participación mereció el aplauso de los representantes nacionalistas. Yehude Simón tildó de mezquinas las críticas a los médicos cubanos y recordó la labor de la brigadas de ese país en Huaraz e Ica, tras los sismos de 1970 y 2007. Martha Chávez, en tanto, dijo, sin precisar nombres, que varios legisladores se han operado en la isla con gastos pagados por el Congreso. Al término del Pleno no hubo anuncios de censura por parte de Fuerza Popular, grupo que se quedó solo en las críticas a la cooperación cubana.
