Hecho ocurrió en gobierno del ex dictador Alberto Fujimori. La víctima hoy tiene orden de captura. Antecedente.,Por considerar que el Estado peruano es responsable de la violación sexual y la tortura que sufrió una presunta terrorista de manos de un grupo de agentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció al Perú ante la Corte de San José. Según el mencionado organismo judicial internacional, esta persona, identificada solo con la inicial 'J' en el proceso -que sería la terrorista Mónica Feria Tinta-, fue detenida ilegalmente en 1992 (durante el gobierno del ex dictador Alberto Fujimori), privada de su libertad en condiciones inhumanas y estuvo sin control judicial por 17 días. Tiempo después, en junio de 1993, fue absuelta tras un proceso penal donde se le acusaba de delitos de terrorismo, y a fines de ese año la Corte Suprema de Justicia declaró nula esa absolución, cuando la víctima - sobre la que pesa una orden de captura internacional-, ya había salido del Perú. Pese a ello, para la CIDH en este caso el Perú faltó a las obligaciones establecidas en la convención interamericana contra la tortura y la violencia contra la mujer. Ahora este asunto será tratado en Costa Rica por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este caso, el N° 11769, es el tercero de la era Fujimori que la CIDH envía a la Corte IDH desde diciembre del 2011. A comienzos de ese mes remitió uno similar al de "J": el de la emerretista Gladys Carol Espinoza Gonzales, quien hoy purga una condena de 25 años.Según la denuncia de la CIDH, Espinoza también habría sido ultrajada por miembros de la División de Investigación de Secuestro (Divise) y de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dincote) tras su detención a principios de los 90. Luego, en enero, la CIDH también remitió el caso conocido como "Operación Chavín de Huántar", que se refiere a la ejecución extrajudicial de tres miembros del MRTA durante el rescate en la residencia del embajador japonés; entre ellos el camarada Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, alias "Tito", Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza. Como se sabe, este hecho generó gran molestía entre la población y las autoridades. EL PAÍS CON MÁS DENUNCIAS El ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, reveló que el Perú es uno de los países con mayor número de denuncias ante la CIDH. Según precisó, se trata de 360 denuncias, de las cuales solo 68 han sido admitidas. Pero, dijo, la CIDH no archiva casos que son no procedentes en materia de DD.HH., por lo que se convierten en litigios permanentes.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Lunes 25 de Noviembre del 2024
