Gestora Cultural con más de diez años de experiencia en el diseño y ejecución de proyectos sociales, políticos y culturales en el sector público y privado. Con experiencia en docencia cultural e investigación. Actualmente, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Civil Transparencia. Reside en Cajamarca
El pasado 13 de junio, el Congreso promulgó la Ley 32645, que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. Esta ley, que no tuvo una consulta pública previa con los gremios y asociaciones de artistas, y que tampoco pasó por la Comisión de Cultura y Patrimonio del Congreso es, a todas luces, una norma que vulnera los derechos culturales de los y las artistas del Perú.
Crear un colegio profesional de artistas que regule “las disciplinas artísticas” – como se plantea en el artículo 2 de dicha ley – es sumamente grave. Primero porque omite un elemento fundamental del trabajo artístico en el Perú: su diversidad. Muchos artistas no han salido de aulas formales o de institutos superiores, sino que han forjado su trabajo desde la experiencia o desde el legado tradicional que han recibido en sus familias y comunidades. En el Perú, el arte se presenta en distintos formatos, lenguajes y códigos, materiales e inmateriales. El arte es comunitario, popular, urbano, callejero, digital, tradicional. Reducir este oficio únicamente a lo académico es discriminatorio y antidemocrático.
Es grave también porque deja la puerta abierta a la censura. De hecho, ya se han presentado casos de censura a expresiones artísticas regionales durante el estallido social 2022-2023, cuando éstas protestaron contra los abusos del gobierno de Dina Boluarte. El trabajo artístico es también un ejercicio político y una herramienta para entender y transformar las realidades.
Los y las artistas del Perú no necesitan un colegio profesional. Necesitan mejores condiciones laborales. Un diagnóstico del Ministerio de Cultura y de la Unesco (2021), realizado a raíz de la pandemia, determinó que muchos artistas trabajan en la precariedad e informalidad: sin acceso a un seguro de salud y a un sistema de pensiones; muchos sin acceso a herramientas digitales y a programas de formación; con trabajos intermitentes y multifuncionales. Es, por tanto, un sector altamente vulnerable.
Si el Congreso quiere contribuir con los artistas y trabajadores de la cultura puede revisar y mejorar los presupuestos públicos que se destinan al sector, a través del Ministerio de Cultura; puede crear e impulsar espacios de diálogo descentralizados para conocer las verdaderas necesidades y urgencias de los y las artistas; puede impulsar leyes que mejoren sus condiciones labores, y que los artistas peruanos – hombres y mujeres en su diversidad- puedan desarrollar su creatividad en entornos justos, libres, igualitarios y seguros.

Gestora Cultural con más de diez años de experiencia en el diseño y ejecución de proyectos sociales, políticos y culturales en el sector público y privado. Con experiencia en docencia cultural e investigación. Actualmente, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Civil Transparencia. Reside en Cajamarca