López Aliaga señala al JNE de impulsar un veto contra Renovación Popular y califica el proceso de “dictadura electoral”
El dirigente cuestionó las decisiones de las autoridades electorales y sostuvo que la legislación respalda la permanencia de su agrupación en la Alcaldía de Lima. Durante su pronunciamiento, también lanzó acusaciones contra sectores políticos, medios de comunicación y organismos del sistema de justicia.

Rafael López Aliaga acusó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de impulsar un supuesto veto contra su persona y Renovación Popular, luego de los cuestionamientos a su participación en las elecciones por la alcaldía de Lima. El dirigente calificó el proceso como una “dictadura electoral” y sostuvo que existe una actuación coordinada para impedir que su agrupación alcance el gobierno municipal. “Lo que existe, queridos hermanos, es un veto contra mi persona y contra el partido”, declaró.
Durante su intervención, López Aliaga cuestionó la interpretación de las normas electorales y afirmó que su posición tiene respaldo legal. Para defender su argumento, citó el artículo 35 de la Ley Orgánica de Elecciones, referido a la incorporación de candidatos para cubrir las vacantes que se produzcan en los concejos municipales.
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Según sostuvo, esta disposición permitiría que el candidato que sigue en el orden de resultados ocupe el puesto vacante, siempre que haya integrado la misma lista del regidor que dejó el cargo.
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“Todo el marco jurídico está a nuestro favor”, manifestó. Asimismo, cuestionó que las autoridades electorales prioricen sus interpretaciones legales sobre la voluntad de los ciudadanos. “Por encima de la Constitución del Perú está la voluntad popular”, afirmó. Sin embargo, sus declaraciones no constituyen una resolución judicial ni modifican por sí mismas las decisiones de los organismos electorales.
El dirigente también relacionó sus cuestionamientos con las elecciones de 2021 y acusó a sectores de izquierda y derecha de actuar contra su agrupación por intereses políticos y económicos.
En otro momento, arremetió contra determinados medios de comunicación, a los que acusó de haber recibido recursos de municipalidades y del Gobierno central. No presentó pruebas durante su intervención para sustentar estas afirmaciones.













































