Las 12 reformas que necesita la Policía Nacional para vencer al crimen organizado

Acciones urgentes. La República consultó con exministros del Interior, excomandantes generales de la Policía Nacional y expertos en materia de seguridad pública, sobre cuáles son las medidas más importantes que requiere la institución para mejorar sus funciones y la eficiencia del personal ante las amenazas de la extorsión, el secuestro y el sicariato, entre otros graves delitos. Aquí algunos resultados.

Sin una reforma profunda y estructural de la PNP será muy difícil derrotar al crimen organizado que ha puesto en jaque a los ciudadanos ante el temor de ser víctimas en cualquier momento de un asalto o una extorsión. Foto: composición LR/Brian Tejada
Sin una reforma profunda y estructural de la PNP será muy difícil derrotar al crimen organizado que ha puesto en jaque a los ciudadanos ante el temor de ser víctimas en cualquier momento de un asalto o una extorsión. Foto: composición LR/Brian Tejada

Hay oficiales de las promociones de los años 1987, 1988 y 1989, que debieron pasar al retiro por tiempo de servicios entre 2024 y 2025, pero siguen en servicio. Como resultado, la renovación de cuadros de la institución se traba o se posterga. Esto es solo un indicativo de por qué son necesarias las siguientes reformas identificadas por los expertos para que la Policía Nacional recupere su eficacia contra las actividades criminales.

1. Inversión en las escuelas de formación con filtros a los postulantes.

La Policía Nacional cuenta con 17 escuelas de formación en todo el país, pero carecen de infraestructura idónea, equipamiento moderno, docentes adecuados y de medios logísticos. Sin embargo, también es necesario ajustar los filtros para el reclutamiento de los jóvenes, mediante una evaluación rigurosa de sus hojas de vida para detectar los antecedentes. Así se evitará la infiltración de personas que provienen de clanes familiares vinculados al crimen organizado.

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2. Equipamiento y tecnología con IA para las unidades de investigación criminal.

Priorizar las compras de equipos de cómputo para las Comisarías y las Divisiones de Investigación Criminal (Divincri) de todo el país e interconectarlas. A la fecha, más del 70% del personal policial debe usar sus propios ordenadores para trabajar. En cambio, los criminales no solo invierten importantes sumas para aplicar nuevas tecnologías destinadas a sus actividades ilícitas, sino también para combatir a las fuerzas del orden mediante la vigilancia y seguimiento, por ejemplo, con drones o cámaras ocultas. Aplicar la inteligencia artificial (IA) a la función policial.

3. Fortalecimiento de la inteligencia policial con presupuesto específico.

El problema detectado en este rubro es, además de la insuficiencia de fondos para labores de inteligencia, la ausencia de transparencia en la rendición de cuentas del presupuesto. Esto se debe a que los agentes que se dedican a luchar contra las organizaciones criminales reclaman frecuentemente que dicho dinero asignado que reciben es insuficiente, o no perciben nada, afectando el cumplimiento de las misiones.

Incorporar herramientas de alta tecnología (como software de análisis criminal, drones y plataformas de información unificadas) para una recolección y procesamiento de análisis de datos. El trabajo de la inteligencia policial debe ser articulado con otras instituciones del Estado como: el Ministerio Público, Poder Judicial y otros organismos internacionales para desarticular a las organizaciones complejas.

4. Modificación de la Ley del Régimen Disciplinario N.° 30714 de la Policía Nacional.

Eliminar el trámite burocrático y protocolar, ya que no sirven para disminuir las faltas y delitos cometidos por parte del personal policial. Las normas deben ser más dinámicas, más expeditivas: el superior constata la falta o delito, sanciona, y en caso de apelación, lo resuelve la Inspectoría de la Policía Nacional.

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5. Declaración de emergencia en los locales policiales de todo el territorio nacional.

La mayoría de comisarías y Divisiones de Investigación Criminal, operan en locales alquilados que no son adecuados para sus funciones afectando directamente la labor de los efectivos y la atención a la ciudadanía.

Por otro lado, hay dependencias policiales con décadas de antigüedad entre 20 y 50 años, con techos y muros agrietados y con incidencia de humedad.

Se requiere gestionar a través de proyectos de inversión pública.

6. Clasificación de las especialidades del personal policial: orden interno e investigación.

En cualquier Policía del mundo hay dos funciones muy diferenciadas: el orden y seguridad, y la investigación. Los oficiales desde las escuelas deben tener un norte y empezar su carrera policial con una especialidad hasta que pasen al retiro de la Policía Nacional. Actualmente existe una rotación indiscriminada de policías. Hay efectivos que no tienen formación y recorren de forma itinerante por todas las especialidades. Los que nacen investigadores deben terminar como tales, al igual que los de orden interno. Y los ascensos deben ser en esos campos. Por ejemplo, hay algunos policías que llegan a dirigir una región policial, cuando han sido pilotos de avión o helicóptero. No podrán comandar una unidad si no han laborado en comisarías y mucho menos en una unidad especializada.

7. Modificación de los criterios de la hoja de calificación de Oficiales y Suboficiales.

Cada año en la Policía Nacional se modifican los indicadores de calificación a conveniencia del Comando Policial de turno. Los factores deben establecerse uniformemente de acuerdo con las evaluaciones de rendimiento operativo, tanto para Oficiales como para Subalternos.

Por ejemplo, la aplicación a las unidades de patrullaje de los índices clave de rendimiento (KPI) que permita conocer su labor diaria, especialmente de las Unidades de Radio Patrulla, Halcones y otros. Estos indicadores deben orientarse a la seguridad ciudadana y ser la base para determinar los ascensos.

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8. Replanteamiento del sistema de compras y contrataciones de bienes y servicios.

Es necesario redefinir las funciones de la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (OGAF), que se encarga de las adquisiciones de equipamiento para la PNP. En recientes años, procesos realizados por la OGAF han derivado en contrataciones truncas o deficientes, que han motivado la intervención de la Contraloría. Como resultado, muchas compras, como un avión de transporte, se han frustrado por anomalías en el procedimiento. La PNP, como las instituciones castrenses, debería conducir las adquisiciones.

9. Modificación y reglamentación del proceso de cambio de colocación del personal.

El relevo y asignación de puestos de relevancia han sido motivo de constantes disputas y escándalos, lo que significa que se deben tomar medidas drásticas para evitar que se repitan estos episodios que afectan a la PNP. Se requiere de una evaluación de desempeño, en formato digitalizado, reduciendo la discrecionalidad como sucede hoy mismo. Regular los exámenes de poligrafía para aquellos que manejan recursos públicos o labores de comando.

10. Modificación de las normas sobre la Dirección de Inteligencia (DIRIN).

El flujo de la información de inteligencia que maneja la DIRIN se enfoca únicamente a las unidades que forman parte del sistema de inteligencia y no así con las divisiones especializadas que combaten directamente a la delincuencia y al crimen organizado.

11. Pase al retiro del personal policial que carece de proyección institucional.

En la Policía Nacional cumplen servicios oficiales que pertenecen a las promociones 1987, 1988 y 1989, que son más antiguos que el actual comandante general, Fredy López Mendoza, que es de la promoción 1990. Esto es un indicativo de que los pases al retiro no se cumplen acorde con las disposiciones, impidiendo la necesaria renovación de los cuadros.

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12. Mejorar el servicio de salud policial con médicos especializados.

La Policía Nacional tiene 140 mil efectivos en actividad y un promedio de 30.000 policías en retiro. El exceso de beneficiarios (titular, esposa, hijos y padres) es insostenible. Actualmente la Sanidad Policial cuenta con 2.500 médicos para una población de 500.000 pacientes que comprende la familia policial.

La eliminación del beneficio a los padres reduciría al 50% los pacientes y mejoraría la atención para el titular en actividad y retiro. Es decir, el 50%, de los que concurren a los hospitales son los progenitores de policías.

La falta de profesionales especialistas y equipos médicos genera convenios y carta fianzas para la atención en clínicas, con deudas impagables por parte de Saludpol (Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional), porque los costos son superiores al mercado. Se necesita que las medicinas de mayor reembolso sean consideradas en el petitorio mensual de la Dirección de Salud Policial.

Se debe abrir el proceso de asimilación para la Sanidad Policial y la contratación del personal médico por especialidad y técnicos de la salud. Se requiere la creación de hospitales en cada departamento con la finalidad de descongestionar el hospital central Luis Sáenz de la Policía Nacional con sede en Lima.

Fijar los indicadores de evaluación de Generales y Coroneles de la Sanidad, vinculados a la mejora de atención a la familia policial, y a la gestión de las necesidades logísticas de su área de responsabilidad, como las teleconsultas.

Los vehículos más viejos son de la Policía

El 80% de la flota vehicular de la Policía Nacional sobrepasa los 10 años de antigüedad.

Hay un déficit de 5 mil vehículos como mínimo para toda la Policía Nacional, según datos de la misma institución-

Más de 8 mil vehículos se encuentran fuera de servicio y la mayoría ha sido declarado irrecuperable o en estado de chatarra.

En contraste, en 2025 el Alto Mando de la PNP autorizó la compra de ocho camionetas Audi Q5 para los tenientes generales por S/1,6 millones. Además de 40 camionetas Toyota Rav4 para los generales por S/5,2 millones. Además de 120 automóviles Toyota Corolla para los coroneles por S/11,9 millones. Con este tipo de prioridad no se vence al crimen.

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