Mataron a 37 líderes amazónicos y otros 43 están bajo amenaza

Los asesinatos, ataques e intimidaciones en contra de defensores y defensoras indígenas, en represalia por proteger sus territorios, son alarmantes. James Pérez Pacaya ha dedicado gran parte de su vida a salvaguardar a su pueblo, lo que ha mortificado a las mafias que depredan los bosques amazónicos, que le han jurado que pagará con su vida.

Como presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (Loreto), James Pérez sabe que su cabeza tiene precio, por lo que debe andar con un chaleco antibalas, incluso cuando acude a representar a su pueblo en diálogos con representantes del Estado.

James Pérez Pacaya es uno de los 43 defensores y defensoras en situación de peligro, según los registros de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

Un estudio exhaustivo de esa organización ha identificado las principales amenazas que afectan a los pueblos indígenas y a quienes ejercen la defensa territorial, evidenciando la estrecha relación entre el avance de las economías ilegales y la vulneración de derechos colectivos.

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Entre las principales amenazas identificadas se encuentran la tala y minería ilegal, el narcotráfico y los cultivos ilícitos, la explotación de hidrocarburos, el tráfico de tierras, la pesca ilegal y los impactos asociados a proyectos de infraestructura. Además de la presencia de grupos armados y los conflictos derivados de la superposición de derechos sobre territorios indígenas.

Esta situación tiene impactos directos sobre la seguridad de las comunidades y de sus autoridades, dirigentes, vigilantes y defensores.

Dirigentes como Graciela Álava, Miguel Guimaraes, Arthur Cruz, Zoila Ochoa, Martha Negrete, Edith Huanio, Carmen Macahuachi, Juana Guatica, Ramón Tenteis, Percy Nanchijam, Ronildo Gushi, Rafael Canchari, Gil Inoach, Marcelo Odicio, Elías Mozombite, Herlim Odicio y Grimaldo Villacorta, figuran en la lista de defensores amenazados (ver recuadro). Viven con temor por la intimidación permanente que reciben de los grupos criminales, según la AIDESEP.

Una historia de crímenes

El panorama para los defensores ambientales en el Perú empezó muy mal en 2013. El jefe de la comunidad nativa Nuevo Amanecer Hawai, Mauro Pio Peña, fue asesinado cuando iba a ingresar a su domicilio en Satipo, región Junín. Ocurrió la noche del lunes 27 de mayo. Sicarios al servicio de traficantes de tierras le dispararon dos tiros.

Desde entonces, 37 líderes indígenas han sido ejecutados en el país. Sin embargo, los mecanismos de protección siguen siendo insuficientes, manifiestan los dirigentes de diversas organizaciones indígenas.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha registrado más de 600 situaciones de riesgo contra personas defensoras desde 2019.  Según este organismo, alrededor del 70% de estos casos está vinculado a actividades ilícitas como la tala ilegal, el narcotráfico o la minería ilegal.

Las regiones más afectadas son Ucayali (18.6%), Loreto (11.4%), San Martín (11%) y Madre de Dios (9.3%), que concentran la mayor cantidad de casos.

"La amenaza no solo está vinculada a las economías ilícitas como minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico, sino con las estructuras criminales que están detrás", advirtió Julio Cusuriche Palacios, destacado ambientalista de la región de Madre de Dios y uno de los ganadores del Premio Ambiental Goldman 2007.

 "El crimen organizado está ganando terreno porque no solo actúa quien dispara, sino también quienes permiten su entrada al territorio y facilitan sus actividades", añadió Cusuriche.

El exviceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Franco Salinas, informó que, desde su creación, el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, coordinado por el MINJUSDH e integrado por nueve entidades del Poder Ejecutivo,  atendió más de 600 situaciones de riesgo, que involucran a más de 900 personas defensoras de derechos humanos.

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Resaltó que la intervención oportuna de este mecanismo ha contribuido a salvaguardar la vida e integridad personal de los defensores y, en muchos casos, también la de sus familiares, especialmente en contextos vinculados a la defensa del ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía.

Un Estado con pies de plomo

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Miguel Guimaraes, cuestionó la falta de acciones concretas del Estado para proteger a los líderes indígenas.

Advirtió que las comunidades continúan expuestas a actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extracción ilegal de recursos naturales.

Guimaraes aseguró a La República que las comunidades han denunciado amenazas contra dirigentes indígenas, pero criticó  que las medidas de protección implementadas por el Estado no se traduzcan en una presencia efectiva dentro de los territorios.

“El papel no aguanta la bala”, afirmó el dirigente, al señalar que los documentos que reconocen una situación de riesgo no son suficientes para proteger a quienes enfrentan directamente a organizaciones criminales.

Miguel Guimaraes explicó que una de las principales dificultades es la ubicación remota de las comunidades. En algunos casos, los dirigentes deben desplazarse durante uno, dos o hasta tres días para llegar a una comisaría y presentar una denuncia.

Señaló que los comités indígenas de monitoreo territorial realizan patrullajes sin armamento y, en muchos casos, con recursos limitados, lo que los coloca en una situación de evidente vulnerabilidad frente a grupos criminales.

El dirigente también afirmó que varias comunidades carecen de señal telefónica e internet, lo que impide comunicar oportunamente situaciones de riesgo a las autoridades. Ante esta situación, AIDESEP habilita módulos de comunicación con internet y paneles solares en comunidades consideradas de mayor riesgo.

Según Guimaraes, ya se han instalado más de 300 módulos, aunque reconoció que todavía resulta insuficiente frente a las más de 2.400 comunidades que forman parte de la estructura organizativa indígena.