Fenpetrol cuestiona “cambio de rumbo” en Petroperú y pone bajo la lupa obligaciones pendientes por más S/6.000 millones
El gremio exige una auditoría forense a la petrolera estatal y cuestiona la designación de Oliver Stark Preuss al frente del Directorio, en medio de dudas sobre el rol de ProInversión en la gestión de la empresa.
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El anunciado “cambio de rumbo” en Petroperú abre un frente de cuestionamientos por parte de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol). El gremio sostiene que las decisiones tomadas hasta ahora no marcan una ruptura clara con el proceso de reestructuración aplicado en los últimos meses y pide revisar, entre otros puntos, las obligaciones pendientes vinculadas a la petrolera estatal.
Según información con corte a diciembre de 2025 consignada en el pronunciamiento, los conceptos pendientes suman S/6.093,5 millones. El monto comprende partidas relacionadas con el crédito fiscal de la Amazonía, el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), el sistema de pensiones, remediaciones y abastecimiento de combustible a las Fuerzas Armadas.
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El reclamo se produce después de que el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunciara un nuevo rumbo para la gestión de Petroperú. Para Fenpetrol, el discurso todavía no encuentra correspondencia en las decisiones adoptadas por la nueva administración.
Uno de los puntos que genera mayor cuestionamiento es la designación de Oliver Stark Preuss como presidente del Directorio de Petroperú. La organización sindical recuerda que Stark integró anteriormente una administración que promovió propuestas orientadas a que la empresa pudiera ser gestionada por operadores privados y que contemplaban el desprendimiento de algunas unidades de negocio.
Para el gremio, esto plantea dudas sobre el alcance de la nueva estrategia: si el objetivo será reforzar el papel de Petroperú como empresa estatal o continuar con una fórmula de reestructuración que, desde su perspectiva, no ha conseguido fortalecerla.
Petroperú: estos son los S/6.093,5 millones en obligaciones pendientes
La mayor partida identificada por Fenpetrol corresponde a S/3.112 millones por crédito fiscal de la Amazonía. A este monto se suman S/1.863 millones relacionados con la recuperación anticipada del IGV del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara.
También figuran S/450 millones por una transferencia al Fondo de Pensiones de la ONP, correspondiente al régimen del Decreto Ley N.° 20530; S/408 millones por remediaciones vinculadas a cortes en el Oleoducto Norperuano; S/200 millones por remediaciones correspondientes a unidades privatizadas; y S/15 millones por abandono técnico de pozos.
El listado se completa con S/45,5 millones pendientes de las Fuerzas Armadas por abastecimiento de combustible. En conjunto, los conceptos mencionados en el documento alcanzan los S/6.093,5 millones.
Para Fenpetrol, estos montos deben formar parte de la discusión sobre el futuro financiero de Petroperú. La organización considera necesario que el actual Directorio determine si exigirá al Estado el cumplimiento de las obligaciones pendientes y plantea que su recuperación sea incorporada a cualquier estrategia destinada a mejorar la situación financiera de la empresa.
El reclamo adquiere otra dimensión dentro del proceso de reestructuración porque la petrolera ha estado bajo mecanismos de administración o supervisión vinculados a ProInversión. Fenpetrol sostiene que esta estructura limita la autonomía de Petroperú para adoptar decisiones financieras y empresariales.
La federación también cuestiona las declaraciones de Cuba sobre los “resultados impresionantes” de ProInversión. Según el gremio, tras siete meses de implementación del proceso y la asignación de recursos públicos, todavía no existen resultados públicos verificables que acrediten mejoras sustanciales en la eficiencia operativa, la gestión empresarial o la situación financiera de Petroperú.
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Reestructuración de Petroperú: Fenpetrol pide auditoría forense y más autonomía
El sindicato considera que el siguiente paso debería ser revisar qué ocurrió durante las gestiones anteriores y cuánto de los problemas acumulados puede atribuirse a decisiones administrativas, financieras y patrimoniales.
Por ello, Fenpetrol solicita una auditoría forense de Petroperú. El pedido incluye examinar el destino y uso de los recursos públicos comprometidos en los distintos procesos de respaldo económico a la empresa. Además, la organización exige que los anteriores administradores rindan cuentas sobre las decisiones que condujeron a los sucesivos salvatajes económicos otorgados por el Estado.
La posición del gremio no es contraria a una reforma de Petroperú. Fenpetrol sostiene que una reestructuración debería servir para modernizar la gestión, fortalecer el gobierno corporativo y elevar la competitividad de la empresa, pero no para reducir progresivamente su papel o fragmentar sus operaciones.
En concreto, plantea que el Gobierno garantice predictibilidad y respaldo financiero, establezca un plan de reestructuración con objetivos, plazos y resultados verificables, preserve el rol estratégico de Petroperú y fortalezca su autonomía y gobernanza técnica.
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