Secretario general del Sutep se reúne con Keiko Fujimori para exigir que se respete la ley de pensiones a maestros
Lucio Castro Chipana, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), señaló que 'con el crédito suplementario se debe cumplir con el magisterio'. Además, anunció que se presentará una propuesta para beneficiar a más de 200.000 docentes jubilados.
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El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, se reunió con Keiko Fujimori para exigir que se respete el pago de pensiones a maestros jubilados, tras la aprobación del crédito suplementario de más de 9 mil millones de soles.
El líder del gremio señaló que existen derechos magisteriales que se deben respetar sin admitir recortes. 'La Compensación por Tiempo de Servicios que ya es una ley que se viene pagando al magisterio no tiene que ser derogada'.
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Además, el líder del sindicato exigió que el dinero de la deuda social y el bono de 487 soles, aprobado en 2025, deben quedar asegurados dentro del crédito suplementario aprobado recientemente.
Del mismo modo, el vocero del gremio explicó que también buscan proteger a los maestros. Desde el Sutep, presentarán un proyecto de ley al Ejecutivo para que se atiendan los reclamos de más de 200.000 profesores cesantes y jubilados. 'Hemos quedado en que vamos a conversar y hacer llegar nuestra propuesta'.
Según indicó, esta ayuda se coordinará de manera ordenada y por etapas con un eventual gobierno para asegurar que se le dé atención al sector magisterial.
Situación de la ley de pensiones dignas
La Ley 32581 fue aprobada por insistencia en el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo el 15 de abril del presente año.
Esta ley establece que la pensión de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial sea equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, la cual asciende a S/ 3,500.70 (para una jornada de 30 horas).
Dado que el Ejecutivo no volvió a bloquear la iniciativa, solo queda pendiente la aprobación del reglamento para su ejecución antes del 14 de julio.
“El dispositivo legal establece que el Poder Ejecutivo deberá aprobar el reglamento en un plazo máximo de 90 días calendario, a fin de definir los mecanismos para su aplicación”.






















