José María Balcázar se presenta en juicio en su contra y pide archivar caso por presunta apropiación ilícita
El Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo evalúa el recurso de José María Balcázar para archivar reparación económica a favor del ICAL. Su defensa alega "avanzada edad" e inmunidad presidencial.
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Durante la audiencia del juicio oral, el juez Juan Cubas Bravo, del Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, evaluó el pedido de la defensa del presidente José María Balcázar para archivar el proceso civil en su contra por presunta apropiación ilícita durante su gestión en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL).
El abogado del mandatario, Víctor Pariona, sostuvo que los plazos legales para exigir una indemnización ya vencieron y apeló a la reducción del tiempo del caso por la edad del presidente (83 años). Por su parte, la Fiscalía rechazó el pedido y señaló que el caso sigue vigente.
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Argumentos de la defensa: Edad e inmunidad
El abogado de Balcázar indicó que en junio de 2025 ya se archivó la parte penal del caso, por lo que ya no existe riesgo de cárcel. Sin embargo, todavía queda pendiente el pago de una reparación económica a favor de los afectados.
Ante esta situación, Pariona apeló a la reducción de plazos por edad. El abogado argumentó que, al tener su cliente 83 años, la ley reduce a la mitad los plazos para juzgarlo, por lo que el tiempo límite para la reparación económica venció el pasado 12 de junio de 2026 y el caso debe ser archivado de inmediato.
Además, en caso de no aceptarse el archivo, Pariona solicitó suspender todo el proceso invocando la inmunidad presidencial. “Mi patrocinado quien ostenta actualmente el cargo de presidente de la República no puede ser acusado, no puede ser procesado, no puede ser sometido a ningún juicio oral mientras ejerza el cargo”.
La Fiscalía se opuso al pedido de archivo del caso
Por su parte, la fiscal Bianca Baique, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Chiclayo, se opuso a las solicitudes de la defensa y pidió al magistrado Juan Cubas Bravo que el juicio continúe.
La representante del Ministerio Público explicó que el plazo de dos años para la reparación económica inició a mediados de junio de 2025, cuando quedó firme el archivo penal, por lo que vencerá recién en junio de 2027.
Asimismo, la fiscal aclaró que el beneficio de reducir los plazos por ser adulto mayor solo aplica en caso de persecución penal y de la cárcel, pero no funciona en el ámbito civil para evitar el pago de daños y perjuicios.
"Hay que tener claro que en el código civil peruano no existe ninguna norma que autorice la reducción de los plazos por la edad del procesado. Cuando la reparación civil se discute dentro de un proceso penal, mantiene su naturaleza civil y su plazo de prescripción. Como ya lo ha establecido la jurisprudencia y el propio Código Civil, este plazo es de dos años; por lo tanto, no corresponde reducir ese tiempo a la mitad".
Además, precisó que la inmunidad presidencial evita que un mandatario sea acusado por delitos penales, pero no lo libra de responder ante demandas de tipo económico. Sobre el pedido de suspender el juicio por su cargo, la fiscal Baique aclaró que “estamos ante un tema civil y no lo contempla la constitución ni norma legal alguna”.
Sin embargo, sugirió que si el juez considera que seguir el proceso “podría dañar en algo el mandato presidencial”, se aplique una "suspensión del plazo de prescripción" para evitar que corran los días a favor del acusado.
Tras escuchar los alegatos de ambas partes, el juez Juan Cubas Bravo decidió no emitir un fallo inmediato e informó que se notificaría la resolución a las casillas electrónicas de la Fiscalía, de la defensa legal y del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) en los próximos días.






















