Betssy Chávez: Fiscalía solicita levantar el secreto de las comunicaciones por presunto tráfico de influencias
El juez Juan Carlos Checkley programó para el 2 de julio la audiencia para evaluar el pedido fiscal. La sentenciada Betssy Chávez también es investigada por el presunto delito de negociación incompatible.
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La Primera Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos solicitó al Poder Judicial el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la exministra Betssy Chávez en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias en agravio del Estado.
En ese sentido, el juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, programó para el jueves 2 de julio a las 9.30 a. m. la audiencia de evaluación del pedido fiscal.
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El Ministerio Público solicitó que se levante el secreto de comunicación 'en tiempo histórico' desde el 1 de octubre del 2021 al 18 de noviembre del 2022.
Según la hipótesis fiscal, la indagación se centra en las presuntas contrataciones de familiares de Abel Sotelo, entonces pareja de Chávez, en entidades públicas como Cofopri, Essalud y el Congreso de la República.
En enero de este año, la Fiscalía logró formalizar la investigación preparatoria contra Chávez luego de que el Congreso, en octubre de 2025, aprobara haber lugar a la causa penal contra la exministra por los delitos antes mencionados.
Cabe recordar que, en abril de 2023, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Parlamento, mediante la cual solicitó el levantamiento de la inmunidad de la entonces congresista para poder iniciar una investigación penal en su contra.
Decisión del Poder Judicial para programar la audiencia contra la excongresista.
El caso
Uno de los principales hechos investigados es la contratación de Marco Sotelo Villa, hermano de Abel Sotelo, como asistente nivel 2 en el despacho congresal de Chávez. Según la tesis del Ministerio Público, la entonces legisladora habría mostrado interés en su incorporación. La Fiscalía sostiene que, al presentar su documentación ante el Congreso en octubre de 2021, Marco Sotelo omitió consignar su vínculo familiar con Abel Sotelo, presuntamente para evitar que se relacionara su contratación con la parlamentaria. Permaneció en el cargo hasta marzo de 2022 y durante ese periodo recibió una remuneración total de S/42.464,48.
La indagación también abarca su posterior contratación como personal de apoyo administrativo en Essalud, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo cuando Chávez se desempeñaba como titular de dicho sector.
Asimismo, el Ministerio Público investiga la contratación de Flor Sotelo Villa, hermana de Abel Sotelo, quien fue incorporada en septiembre de 2022 como auxiliar nivel 2 del despacho congresal de Chávez. Su permanencia en el cargo culminó en noviembre de 2023, luego de que un reportaje periodístico revelara las contrataciones de familiares de la expareja de la entonces ministra.
Por otro lado, la Fiscalía atribuye a Chávez un presunto interés en la designación de Antonio Sotelo Calderón, padre de Abel Sotelo, en diversos cargos públicos. Entre ellos figuran su nombramiento como intendente regional de la Sunafil en Puno, en diciembre de 2021; como representante del Ministerio de Trabajo ante el Senati, en enero de 2022; y como jefe de la Oficina Zonal de Tacna de Cofopri, en marzo de 2022.
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