Acusan a Germán Juárez de alterar un expediente y presionar a una fiscal

El fiscal provincial Germán Juárez Atoche, célebre por haber conseguido sentencias condenatorias contra los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra, se ha puesto en una situación legal muy complicada, que hace difícil su permanencia en el Ministerio Público.

El 17 de junio, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, decidió retirarlo de la coordinación de las fiscalías de lavado de activos y anuló su promoción como fiscal superior provisional. En diciembre del 2025, al desactivarse el Equipo Especial Lava Jato, Juárez fue promovido a fiscal superior y pasó a ocupar el despacho de Rafael Vela Barba.

Además de perder su promoción, Germán Juárez es hoy objeto de dos investigaciones penales y una disciplinaria. Es investigado por el fiscal superior Reggis Oliver Chávez Sánchez, en las fiscalías anticorrupción de Lima. Luego, afronta otra pesquisa a cargo del exfiscal de la Nación y fiscal supremo Juan Carlos Villena Campana, además de la indagación disciplinaria a cargo de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

Si bien la primera investigación comenzó con la denuncia del programa Contracorriente de Willax TV, del 3 de junio último, su situación se complicó por lo que sucedió en los días siguientes. Contracorriente difundió la declaración del detenido exfiscal Henry Amenábar sobre una presunta extorsión al corredor de seguros Gustavo Salazar Delgado, que habría realizado el abogado José Luis Pinares, en nombre de Juárez, durante una diligencia de colaboración eficaz realizada en Miami, entre el 5 y 9 de junio del 2019.

Manipulación de pruebas

El fiscal de la Nación dice que el 4 de junio se reunió y respaldó a Juárez Atoche al frente de las fiscalías de lavado de activos. Pero luego cambió de idea al recibir un informe del fiscal Reggis Chávez. Dicho informe ya no se sustenta en la versión de Amenábar.

El informe, con fecha 16 de junio, recoge la declaración y los documentos proporcionados por la fiscal provincial Mayra Karina Melgar Gómez. En el Equipo Especial Lava Jato, Melgar era adjunta de Juárez y, cuando este ascendió a fiscal superior, fue promovida para reemplazarlo en la fiscalía provincial.

Mayra Melgar informó que el 4 de junio, Juárez le solicitó la carpeta fiscal de colaboración de Salazar, supuestamente para dar su descargo frente al reportaje periodístico. Tratándose de su exjefe y fiscal superior, ella accedió de buena fe y le entregó dicha carpeta. Así, Juárez habría tenido ese cuaderno especial del 4 al 15 de junio. El 8 de junio, como parte de la investigación sobre la presunta extorsión, Reggis Chávez le solicitó a Melgar que le entregara, por conducto oficial, la carpeta de colaboración eficaz de Gustavo Salazar.

Ante ese requerimiento, Melgar le pide a Juárez que le devuelva dicha carpeta, lo que ocurrió el 15 de junio. En ese momento, Mayra advierte que la carpeta física había sido adulterada. En la solicitud de Salazar se había añadido el sello y la firma del abogado Pinares.

Melgar llama a su personal y, juntos, abren la carpeta virtual y confirman la adulteración del documento físico, por lo que levanta un acta y comunica esa situación a Reggis Chávez. Eso genera el informe que llegó al fiscal de la Nación. La fiscal entregó la carpeta y se procedió a inmovilizar su PC con la copia virtual del documento.

Juárez se ha defendido diciendo que el abogado Pinares participó en la diligencia de Miami como abogado de Salazar, pero eso no figura en los documentos. Ese sería el motivo de la adulteración: justificar la presencia de dicho abogado en Miami. En dicha diligencia, Gustavo Salazar estuvo acompañado de sus abogados habituales. Pinares participó, pero nunca se indicó el motivo. De acuerdo con la versión de Amenábar, antes de esa diligencia, Pinares le pidió a Salazar US$1 millón para lograr que su colaboración eficaz fuera aceptada. El monto que pedí, fue anotado en una servilleta: un millón de dólares.

Para ese momento, la fiscalía y la procuraduría habían embargado cuentas y bienes de Gustavo Salazar por más de US$2,5 millones. El corredor de seguros se encontraba prófugo desde mayo del 2017. El empresario no aceptó la solicitud de dinero y su colaboración nunca prosperó.

Presiones y más casos

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, la fiscal adjunta Mayra Melgar ha reportado que en dos ocasiones, posteriores al 16 de junio, Germán Juárez la habría presionado y reclamado. “Por que me quieres hacer daño”, le habría dicho Juárez, en los pasillos de la fiscalía. Ella ha pedido que se verifiquen los videos de seguridad.

Las mismas fuentes refieren que al menos otros dos empresarios, uno de ellos en el caso del Club de la Construcción, recibieron pedidos de José Linares por US$1 millón para arreglar su situación, en el despacho del fiscal Juárez. Uno de los empresarios aceptó y realizó un “depósito” de 500 mil, a cambio de lo cual le permitieron ingresar en una clínica; allí lo entrevistó el fiscal, se acogió a la colaboración eficaz y luego quedó en libertad.