Roberto Sánchez pasa a juicio oral por presunta falsa declaración de aportes de Juntos por el Perú ante la ONPE
El Poder Judicial dispuso que el candidato presidencial afronte un juicio oral por presuntas irregularidades en la información financiera reportada por Juntos por el Perú. La Fiscalía sostiene que más de S/204.000 en aportes no fueron declarados ante la ONPE y solicita una pena de prisión e inhabilitación política.
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El candidato presidencial Roberto Sánchez pasará a juicio oral por la presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportes de Juntos por el Perú ante la ONPE. La decisión fue adoptada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió el auto de enjuiciamiento y dispuso que el caso avance a la siguiente etapa del proceso penal.
La investigación del Ministerio Público se centra en los informes financieros que la organización política presentó durante 2019. Según la tesis fiscal, los reportes remitidos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales consignaron que el partido no recibió aportes económicos durante ese año. Sin embargo, la Fiscalía afirma que existieron ingresos que no fueron declarados ante la autoridad electoral.
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De acuerdo con el expediente fiscal, el monto que habría quedado fuera de los registros oficiales asciende a S/204.951,36. Los investigadores sostienen que esos recursos fueron depositados en una cuenta bancaria ajena a la estructura financiera formal del partido. La cuenta, según la acusación, fue creada por William Sánchez Palomino, hermano del también congresista.
La resolución judicial también deja constancia de que la defensa de Sánchez solicitó el sobreseimiento del caso durante la etapa intermedia del proceso. Sin embargo, el magistrado consideró que existen elementos suficientes para que los hechos sean debatidos en una audiencia pública, donde se evaluarán las pruebas presentadas por ambas partes.
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Fiscalía sostiene que aportes no fueron reportados a la ONPE
La Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima sostiene que los fondos presuntamente omitidos impidieron que la ONPE pudiera fiscalizar adecuadamente el origen y destino de los recursos económicos de la organización política. Por esa razón, la acusación se centra en el presunto ocultamiento de información que debía ser reportada de manera obligatoria.
Entre los elementos incluidos en la investigación figuran documentos bancarios, registros financieros y movimientos realizados durante los meses de enero y julio de 2019. La Fiscalía considera que estas operaciones constituyen una prueba relevante para acreditar que existieron aportes económicos que no fueron consignados en los informes oficiales.
El Ministerio Público sostiene además que la información presentada ante la autoridad electoral no reflejó la totalidad de los ingresos obtenidos por la agrupación. Por ello, atribuye a Sánchez responsabilidad en calidad de dirigente político y representante de la organización durante el periodo investigado.
Roberto Sánchez: Ministerio Público solicita de cinco años y cuatro meses de prisión en su contra
Como parte de su acusación, la Fiscalía solicitó cinco años y cuatro meses de pena privativa de libertad efectiva contra Roberto Sánchez. El requerimiento fue presentado ante el Poder Judicial luego de concluir la etapa de investigación preparatoria y recopilar los elementos que sustentan el caso.
La acusación también incluye una solicitud de inhabilitación para ejercer la presidencia de una organización política o desempeñar cargos de representación. Según el Ministerio Público, esta medida responde a la gravedad de los hechos atribuidos al investigado y a las consecuencias que habrían tenido sobre los mecanismos de control electoral.
La defensa del candidato ha rechazado los cargos formulados por la Fiscalía. Durante las audiencias previas intentó obtener el archivo del proceso; sin embargo, el pedido fue rechazado por el juzgado encargado de evaluar la acusación.
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Poder Judicial ordena que el caso sea debatido en juicio público
El juez Adolfo Farfán fundamentó su decisión en el artículo 353 del Código Procesal Penal, norma que regula el auto de enjuiciamiento. Según la resolución, corresponde que los hechos imputados sean analizados en un juicio oral donde las partes puedan presentar y controvertir las pruebas reunidas durante la investigación.
Con esta decisión concluye la etapa intermedia del proceso penal. Ahora corresponderá a las instancias administrativas del Poder Judicial designar al colegiado que tendrá a su cargo el juzgamiento del caso y programar las audiencias respectivas.
Hasta que exista una sentencia firme, Roberto Sánchez mantiene su condición de procesado. El resultado del juicio determinará si las imputaciones formuladas por la Fiscalía cuentan con sustento suficiente para una eventual condena o si corresponde absolver al candidato presidencial.
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