Exministros y exdefensora del Pueblo exigen a la JNJ que reconsidere ratificar a juez Ordoñez: "Es una represalia inaceptable"

La decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no ratificar al juez Oswaldo Ordoñez Alcántara sigue sumando rechazos. Walter Albán, exministro del Interior; Eduardo Vega, exministro de Justicia; y Eliana Revollar, ex defensora del Pueblo, exigieron, por medio de un pronunciamiento conjunto, que la institución reconsidere la ratificación, pues constituye una “represalia inaceptable”.

Además del pedido de reconsideración, pidieron que se “transparente de manera suficiente, objetiva y verificable los criterios utilizados en dicho proceso”.

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Demandaron también, no solo a la JNJ sino al conjunto de entidades del sistema de Justicia, “garantizar que ningún magistrado o magistrada sea evaluado, sancionado o afectado en su carrera por el ejercicio legitimo de su libertad de expresión”. Sobre todo cuando en ello se produce en el marco de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.

Adicionalmente, se dirigieron al Congreso y al Estado: “Cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, así como adoptar las medidas necesarias para restablecer y fortalecer las garantias de independencia judicial, elemento esencial para la vigencia del Estado constitucional de derecho”.

En su comunicado, los letrados señalan que la no ratificación de Oswaldo Ordoñez constituye una represalia por su participación, en noviembre de 2024, en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la independencia judicial en las Américas, donde expuso los riesgos que enfrenta el sistema de justicia en el país.

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Sustentan que la participación de Ordoñez está protegida por el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, el cual establece que los Estados deben proteger a quienes participan en sus audiencias y abstenerse de cualquier represalia.

“Nos encontramos ante un atropello incompatible con el Estado de derecho. Sancionar a un magistrado por ejercer su libertad de expresión en un espacio internacional de protección de derechos humanos, no solo constituye una represalia inaceptable, sino que envía un mensaje intimidatorio al conjunto del sistema de justicia y debilita gravemente la institucionalidad democrática”, se lee.

Los letrados alertaron “el serio riesgo que representan para la independencia judicial y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales en el país”.