Funcionarios de ONPE omitieron deficiencias de Galaga para darle contrato de S/6.3 millones

Entre el 19 de febrero y el 2 de marzo de 2026, al menos ocho empresas de seguridad formularon consultas técnicas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sobre los términos de referencia del servicio de transporte de carga para el despliegue y repliegue del material electoral, equipos informáticos e implementos, para el proceso de votación del 12 de abril.

La comunicación que intercambiaron los funcionarios con las compañías de seguridad interesadas en el contrato, prueba que antes de las elecciones Servicios especiales Galaga evidenció serias deficiencias en la planificación de rutas, el número de unidades, la capacidad operativa en la sede de Lurín y los tiempos de ejecución.

Los términos de referencia (TDR), que establecieron estas condiciones técnicas, fueron firmados y aprobados por el gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé Blas, y por el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez. Ambos funcionarios son investigados por presuntas irregularidades durante la jornada electoral del 12 de abril.

Dos meses antes, el 19 de febrero, la ONPE absolvió consultas de las compañías AFE Services, Coral Logística Terrestre, Grupo Panamundo, Hermes Transportes Blindados, SGG Mining y la propia Servicios Gálaga. Luego, el 2 de marzo, respondió las observaciones planteadas por la Compañía de Seguridad Prosegur y Walmo Holding. Días después, el 9 de marzo, el contrato por S/6.3 millones, fue adjudicado a Galaga.

GALAGA, RUTA PREFERENCIAL

Uno de los principales puntos observados fue la programación de rutas. El 2 de marzo, Prosegur preguntó: “¿Con cuánto tiempo de anticipación se le compartirá al proveedor la programación de ruta y dimensionamiento de recursos?”. La ONPE respondió: “La programación de ruta y dimensionamiento de recursos se notificará por lo menos 2 días antes de la estiba”.

La misma empresa consultó si el número de rutas del plan correspondía al mismo número de vehículos para cubrir el servicio. La respuesta de la ONPE fue: “El proveedor deberá asignar como mínimo una unidad por cada ruta”. Además, precisó que “por ningún motivo está permitido fusionar rutas”, salvo razones de fuerza mayor, y bajo autorización por escrito.

Ese punto no era menor.

El 14 de abril de este año, La República reveló que el despliegue nocturno en Lurín no se ejecutó como la ONPE había anunciado. Videos grabados en la base mostraron decenas de camiones detenidos horas, después del inicio oficial del operativo, sin carga completa ni rutas claras.

En ese mismo informe, el vocero de la Contraloría, Luis Castillo Torrealva, señaló que “las rutas no habían sido comunicadas de manera oportuna, y eso generó desorden en todo el proceso”.

Castillo también advirtió que “las rutas requerían más unidades”, debido a que el peso del material limitaba la capacidad de carga de los vehículos.

La Contraloría documentó luego, en un informe de visita de control, que el despliegue del material electoral y los equipos informáticos en Lima Metropolitana, fue efectuado “a destiempo, sin cumplir el cronograma establecido”.

El órgano de control consignó que el último vehículo con carga salió de Lurín recién a las 5:51 a. m. del 12 de abril, poco más de una hora antes del inicio de la votación, programado para las 7:00 a.m. Demasiado tarde.

En el intercambio de consultas técnicas y respuestas oficiales, solo una empresa no formuló observaciones relevantes: Gálaga. En su caso, presentó una sugerencia que fue aceptada de inmediato.

EL SECRETO DE LURÍN

Otra consulta relevante fue sobre la capacidad operativa del almacén de Lurín. Prosegur interrogó: “¿Cuál es la cantidad máxima de camiones para carga o descarga simultánea dentro del almacén de Lurín?”. La ONPE contestó que la Gerencia de Gestión Electoral contaba con “2 hangares”, lo que permitía “realizar una carga o descarga simultánea de hasta 7 unidades”. Añadió que, para Lima, la carga a trasladar requería “entre 80 o 50 camiones diarios”.

La ONPE también sostuvo, a una consulta de Prosegur, que la distribución en Lima y Callao “se realiza desde las 22:00 horas del viernes 10 de abril, hasta el día sábado 11 de abril”, por lo que no consideró necesaria una exoneración de multa electoral para el personal operativo.

Nada de eso se cumplió como estaba previsto.

El informe de Contraloría del 14 de abril dejó constancia de que hubo unidades saliendo de Lurín fuera del horario programado. Y añadió que había material electoral no entregado al mediodía del 12 de abril.

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LOS HECHOS CONFIRMADOS

En una visita de constatación efectuada por los auditores de la ONPE el día de las elecciones, a las 12:25 p. m., encontraron personal del organismo recogiendo material electoral y equipos que seguían en vehículos asignados a rutas específicas.

También verificaron el retorno de vehículos al local de Lurín, luego de completar entregas parciales de logística electoral.

El problema no fue solo la demora. La propia ONPE contestó, antes de adjudicar el contrato, que la estructura de rutas y la modalidad del transporte solo podían variar por acuerdo entre ambas partes y mediante acta.

Sin embargo, la Contraloría consignó que el cronograma de salida fue modificado el mismo 11 de abril, sin que se evidencie la aprobación documentada de ese nuevo plan.

El resultado fue concreto: 13 locales de votación no recibieron el material electoral a tiempo y se tuvo que realizar, de manera extraordinaria, una jornada complementaria el lunes 13 de abril. Un candidato de ultraderecha, Rafael López Aliaga, utilizó estas fallas logísticas para continuar con la narrativa del fraude, que había insinuado desde la campaña.

UNA SELECCIÓN PREFERENCIAL

Durante el proceso de contratación, la compañía de seguridad Hermes formuló observaciones técnicas. Solicitó que se permitiera un rango de capacidad de vehículos desde 3 m³, y no solo entre 10 y 30 m³, para ampliar la concurrencia de postores. La ONPE se negó.

Sin embargo, registros difundidos posteriormente en redes sociales muestran que, incluso tras la jornada electoral, parte del material fue trasladado en vehículos no especializados, como taxis, en el proceso de repliegue.

El 19 de abril, el dominical Panorama difundió un audio en el que un trabajador de la ONPE alude a reuniones previas con Hermes y Prosegur y a presuntas maniobras en la definición de especificaciones técnicas.

En ese mismo material se cuestiona la adjudicación final: “Contrataron al peor de lo peor… a Gálaga”, dice el interlocutor, identificado como Johnny Echevarría Bermúdez, aparentemente un servidor adjunto del entonces gerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas.

En respuesta, mediante un comunicado del 20 de abril, Hermes confirmó que participó en el proceso y señaló que, tras concluida la convocatoria, José Samamé se comunicó con la empresa durante la mañana del sábado 11 de abril para solicitar, con carácter de emergencia, una propuesta de transporte con 40 camiones. Hermes respondió de inmediato, pero su propuesta no fue aceptada.

Lo cierto es que, antes de la adjudicación, las empresas advirtieron por escrito los puntos sensibles del servicio. Después, durante la ejecución del contrato, varios de esos mismos aspectos reaparecieron como hechos consumados: rutas mal gestionadas, cronogramas alterados, unidades tardías y conductores observados

La secuencia quedó registrada en las propias respuestas de la ONPE, en los reportes de la Contraloría y en lo que La República ya documentó desde Lurín.