Defensoría del Pueblo: sindicato rechaza apoyo institucional a Vladimir Cerrón y pide renuncia de funcionarios
El sindicato de trabajadores cuestiona la actuación de la Defensoría del Pueblo en casos vinculados a Vladimir Cerrón y Daniel Urresti, advierte un uso político de la institución y alerta sobre el riesgo de perder su acreditación internacional.
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El sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo rechazó el respaldo institucional brindado a Vladimir Cerrón mediante un amicus curiae y exigió la renuncia de los funcionarios involucrados. En el pronunciamiento público, también cuestionaron la intervención en el caso de Daniel Urresti, al considerar que estas acciones desnaturalizan el rol de la entidad.
El documento, emitido el 1 de abril, señaló que la institución dejó de actuar con independencia y pasó a favorecer intereses políticos. Según el gremio, esto contradice el mandato constitucional que obliga a la Defensoría a proteger a la ciudadanía frente a abusos del poder estatal.
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El sindicato advierte que el caso de Cerrón resulta especialmente grave por el vínculo previo del actual defensor, Josué Gutiérrez, con el líder de Perú Libre. Recuerdan que fue su abogado y que luego se afilió a dicho partido. Para los trabajadores, esta relación debió impedir cualquier intervención institucional en su favor.
Sobre el caso Urresti, cuestionan que la Defensoría haya presentado argumentos que contribuyeron a que el Tribunal Constitucional declare la prescripción del proceso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. A su juicio, esto va en contra de la línea histórica del propio organismo en defensa de los derechos humanos.
Crisis institucional y riesgo internacional en la Defensoría del Pueblo
El pronunciamiento sostiene que no se trata de hechos aislados. El sindicato afirma que existe un patrón de decisiones que favorecen a personas investigadas o condenadas por delitos graves. Esta situación, advierten, configura una captura de la Defensoría del Pueblo.
Los trabajadores también alertan sobre el impacto interno. Señalan que la pérdida de credibilidad afecta directamente su labor diaria. Explican que atienden casos de ciudadanos vulnerables y que la desconfianza debilita sus gestiones frente a entidades del Estado.
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Otro punto crítico para el gremio es la revisión iniciada por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). Este proceso podría retirar la acreditación “A” de la Defensoría. De ocurrir, el Perú perdería representación en espacios internacionales como el sistema de Naciones Unidas.
El sindicato hizo un llamado a la ciudadanía y a la comunidad internacional. Piden tomar acciones para recuperar la independencia de la institución. También expresan respaldo a los trabajadores que han denunciado estos hechos, pese a posibles represalias.
